Apagones informativos varios

Hace unos días se leía en el ABC un titular sobre algo verdaderamente insólito, por lo poco habitual.  Se informaba de que el Parlamento de Canarias “apaga” la señal de televisión porque “perjudica el interés público”.  De defensa a ultranza a “papel mojado”, continúa certeramente el texto.  El asunto tiene muchas lecturas, entre otras las de política partidista, que precisarían leer con detenimiento los considerandos técnicos sobre las deficiencias en las propuestas presentadas a este concurso público encontradas por la mesa de contratación, presidida por Julio Cruz, que dejan sin aire, nunca mejor dicho, el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 14 de febrero y licitado por un importe de 500.000 euros.

Dicen, o decían, que es importante y democrático que los ciudadanos puedan conocer de primera mano los proyectos, debates y resoluciones sobre los asuntos de interés público que las cadenas privadas no tienen el menor interés en ofrecer. Si fuera cierta esta justificación defendida por muchos políticos para que los contribuyentes sufraguen televisiones públicas, vía impuestos, es muy difícil justificar a la vez la parrilla de programación de las televisiones públicas canarias, la autonómica (la “nuestra” por “la de ellos”) y las municipales.  

Si se trata de dar a conocer y difundir fiestas populares y romerías varias, probablemente en Canarias Don Francisco y su Canal 25 fue quien inició ese camino de forma certera aunque con enormes deficiencias técnicas.  A pesar de que no apareciera en los estudios de audiencia, casi siempre sesgados y defendiendo a quien los financia o manipula, era una cadena muy vista en Gran Canaria, aunque pocos se reconocieran como sus televidentes, y siempre de forma vergonzante.  Tan evidente era eso que casi no había político que no le pidiera a Don Francisco estar en uno de sus programas para dar allí un mitin durante su campaña electoral.

Pero si se tratara de ofrecer la posibilidad de ver y oír en directo y sin intermediarios mediáticos las intervenciones en plenos parlamentarios, cabildicios o municipales, es también otra evidencia que no lo han pretendido casi nunca los medios públicos.  Aducen que no tendrían apenas audiencia, como si esa fuera realmente la justificación para una televisión o radio pública.  Precisamente por ser de audiencia limitada, en muchas actividades de los políticos cercana al cero por ciento de share, es donde está la única justificación racional para ser sufragada con fondos públicos.  A mi entender, constituye un derroche de dinero el que se programen telenovelas, programas de humor o magazines rosas con el dinero de todos.  Esas cosas ya las ofrecen las televisiones privadas con mucho menos coste y más eficacia.

Por todo esto no se acaba de entender muy bien qué quiso decir Julio Cruz con que se  “perjudica el interés público”. Salvo que se refiriera al bochorno general y descrédito de la casta política que produciría el que se conociera, o se pudiera conocer, detalladamente fuera de sus impropios círculos cerrados la lamentable actuación, el sectarismo y la insolidaridad de muchos parlamentarios, consejeros o concejales.  La obediencia debida a los aparatos de los partidos es imprescindible para seguir figurando en las listas electorales y cobrar un sueldo público, al margen de lo que puedan opinar los ciudadanos a los que sólo nos permiten optar entre listas cerradas y bloqueadas o la abstención.  Si hubiera una televisión auténticamente pública y no partidista nos podríamos enterar de una vez, por ejemplo, cuánto cuestan y con quien viaja Paulino Rivero en los viajes que le sufragamos los canarios.  Eso es transparencia en los asuntos públicos y participación ciudadana, el resto es “bananerismo” en estado puro.