Administradores y administrados ¿todos somos responsables?

La responsabilidad social personal supone a las y los ciudadanos adultos de un Estado afrontar sus deudas y obligaciones. Desde hace mucho, esta es una práctica muy extendida en la generalidad de las sociedades, sobre todo, para las clases populares y desfavorecidas: las personas esclavizadas o domesticadas respondían con todo su ser ante los amos y tutores. De manera inversa, los mandamases y principales, no solían responder ni ante la comunidad, ni las autoridades.

Hoy en día, en multitud de países aún perdura, desvinculada de la mínima consideración administrativa e igualdad legal, esa disponibilidad asimétrica de los individuos y los estamentos: infinidad de personas, integradas en los sectores sociales más depauperados, viven expuestas y sometidas al dominio y el escarnio de quienes tienen el poder. Colectivos ampliamente mayoritarios que permanecen desposeídos de conocimientos y oportunidades, embaucados por cosmovisiones transmundanas, jerarquizantes y masculinistas y careciendo de acceso a gran parte de las condiciones básicas de la dignidad humana.

Y en los mucho más modernos y garantistas regímenes sociopolíticos occidentales también se promocionan valores y discursos que confunden el dogmatismo con la espiritualidad, la instrucción con la excelencia y la fuerza con la dignidad. Aunque la presunta idoneidad de los más privilegiados, cultivados o ricos para hacerse con los resortes del poder comunitario se resquebraja, y las prebendas de la inmunidad legal o factual chirrían hasta en la opinión pública. Los tribunales y códigos especiales militares, la inmunidad procesal y penal parlamentaria o la irresponsabilidad política del Jefe del Estado, son restos de un orden caduco donde la justicia y el rendimiento de cuentas eran diferentes porque se atribuían dignidades personales y sociales distintas. Por tanto, múltiples escalones separan todavía a los administradores de los administrados, en el sector público y en el privado, en las relaciones cotidianas y en los ámbitos mayores de decisión. De ahí la posibilidad del secretismo y el tráfico privilegiado de información, el trato de ventaja y la corrupción; de ahí que, a menudo,  los poderosos se escapen impunemente y los desvalidos se hundan sin remisión.

Solo en las sociedades democráticas e instruidas la responsabilidad puede ser un algo más y de todos, que se puede entender como “un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos” (Wikipedia). Si hay condiciones materiales, sociales y legales de dignidad, entonces los seres humanos podemos ser autónomos y, con ello, responsables en el plano de lo ético. Pero, mientras la legalidad formalmente libre, igual y solidaria no se corresponda con una sociedad coherente con estos valores, los que mandan y los mandados, en el mejor de los casos, estaremos en un plano de equivalencia solo en los aspectos morales de nuestras respectivas conductas. Pues, en la distribución de recursos y de poder, todas las sociedades venimos de condiciones de partida altamente arbitrarias y, de hecho y acceso, muy poco equitativas. Por tanto, la responsabilidad real que se contrae, por ejemplo, en cómo se ejerce el voto y a quién se da, siendo cierta, no guarda proporción con el impacto del uso que lleguen a hacer de la suma de esas decisiones personales, las cúpulas de las organizaciones políticas y los cargos institucionales: Quien más puede, más debe.

Así que nada de “café para todos” en los desmanes que quienes nos administran, han ocasionado, dentro y fuera, a unas ciudadanías, que, hasta hoy, son “soberanas” solo sobre el papel. A más democracia auténtica, más responsabilidad general, sino, es trampa.