Apreciaciones sobre cómo y por qué se debe mejorar la recién aprobada Ley de Modernización

Estamos atravesando una época muy dura de crisis que requiere liderazgo de políticos que tomen decisiones comprometidas para ayudarnos a salir de esta recesión. Entre ellas como prioritaria está apoyar incondicionalmente la escasa y difícil inversión en total sintonía con todos los emprendedores privados que la secunden. Una labor bien coordinada en producir la mayor sinergia entre sector público y privado con el fin de estimularla al máximo en vez de ahuyentarla hacia otros lugares.  Esto debe perfeccionarse desde el más  alto nivel hasta al más modesto  de los entornos en cualquiera de los pueblos de nuestras Islas.


Y digo alto nivel por hacer referencia al Presidente de todos los Canarios, quien como máxima autoridad de nuestro Gobierno Regional, debe atender sin prejuicio alguno estas iniciativas de inversión  resolviendo a favor  todas las trabas burocráticas de la forma más expedita. Me consta que  nuestro máximo gestor público Regional y noble hombre de bien lo intenta a su más leal saber y entender. Pero, ¿le va a dar suficiente margen la recién aprobada Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias? La respuesta sin duda es no lo suficiente.


Las dos opciones claras de inversión en nuestro sector turístico vendrán bien por la vía de la renovación o por la de nueva implantación en suelos turísticos clasificados en los Planes Territoriales  Insulares. Ambas son de importancia crucial,  ya que en el concreto caso de Gran Canaria, contribuyen de forma individual a  mejorar la competitividad del sector. La  renovación mejora todo lo decadente y obsoleto mientras que la nueva implantación diversifica nuestra oferta actual extrahotelera hacia la hotelera y complementaria. Su apuesta en paralelo produce sinergias y curiosamente la exclusión de una de ellas en favor de la otra, indistintamente, deriva en la pérdida  de competitividad del sector. Equivocadamente, como alegan algunos en nuestro Gobierno, la nueva implantación no excluye la renovación ya que existe tanto inversión para una como para la otra, procedente además  de distintas propiedades y circunstancias. Por todo ello la modalidad de 4 estrellas, como oferta o inversión de nueva implantación es tan importante para los Gran Canarios ya que esta última es la más deseada por las nuevas corrientes turísticas. La apuesta incondicional por las inversiones de gran trascendencia deberían al menos temporalmente regularse como de interés general ya que las mismas facilitarán  trabajo a tantos miles de Canarios que se encuentran actualmente en paro, siendo éste el primer problema en erradicar en nuestra sociedad.

Con la recientemente aprobada Ley, Gran Canaria queda claramente en una situación de desventaja por las razones expuestas anteriormente ya que se constriñe su actual modelo turístico, limitando  su crecimiento sostenible hacia un destino más diversificado y competitivo. ¿Cómo podría entonces nuestro Presidente dar un golpe de liderazgo para sabiamente rectificar alguno de los errores  de concepto presentes en la Ley  los cuales sus asesores más cercanos no le supieron advertir o no valoraron debidamente su negativa repercusión en nuestra Isla o en otras?  La respuesta es llanamente haciendo uso de la herramienta más potente que él  mismo ha creado en beneficio de la reducción de la burocracia urbanística y que también forma parte de la citada Ley. Esta es concretamente la figura de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad. Estos Planes han sido muy eficaces al desbloquear proyectos que quedaron estancados por la desidia de otras Administraciones que no hicieron sus deberes a tiempo. Basta tener un poco de imaginación y recoger en el futuro Reglamento una ligera interpretación  de  los apartados d) y e) del Artículo 4. Esto conllevaría que previa ampliación del ámbito de actuación de estos Planes a todo el territorio turístico marcado en los Planes Territoriales de los Cabildos, se permita a través de los citados Planes  el otorgamiento de al menos las Autorizaciones Administrativas  Previas que consideren los Cabildos correspondientes o al menos las de hoteles  y apartamentos de 4 estrellas. También se requiere la aclaración de otro matiz en el sentido de ampliar la aplicación simultánea de estos Planes    tanto para la Renovación como para cualquier actuación urbanística de índole turístico, de gran transcendencia evidentemente, entre las cuales se considerarían inversiones Hoteleras, Parques Temáticos, etc.  El objetivo primordial sería garantizar  el que todas y cada una de las inversiones turísticas de gran escala, siendo declaradas de interés general, quedasen  amparadas por estos Planes a través de los cuales a modo de ventanilla única como así lo prevé igualmente la Ley, participasen  el resto de las Administraciones Cabildicias y Municipales, todo con el ánimo de aprobarlas en un tiempo razonable de meses y no de años. Se comprimiría en una sola Administración los incalculables trámites burocráticos actuales que no aportan ningún otro valor sino ahuyentar una inversión viable económicamente y esencial en la coyuntura actual, la cual  no nos podemos permitir el lujo de perder en estos tiempos donde muchos de los nuestros están pasando tanta calamidad. Si sabemos renunciar a vanidades,  y aplicamos entre todos el sentido común , encontraremos fácilmente  entre el sector público y privado una salida coordinada y aceptable para paliar este agravio comparativo insular y que es de justicia solventar.

Nuestra estrategia turística debe sin duda incluir además de la renovación de la planta obsoleta una oferta nueva de crecimiento sostenible, en un marco de respeto medioambiental y eficiencia energética, que garantice  un mix de productos turísticos elegidos por cada una de las Islas, algunos similares u otros diferenciados, pero cada una apostando y defendiendo al máximo su competitividad mediante la libre y justa promoción de todos y cada una de sus atractivos. Todas las Islas por igual en un contexto de competencia leal. Por ello también sugerimos al Gobierno que al menos no cargue a los promotores  de suelo turístico y por ende a la nueva oferta turística de implantación, la desventaja competitiva de sufragar sobrecostes innecesarios, especulativos e intervencionistas  propios de una economía planificada, como los que se derivarán de la absurda invención del  banco de camas.  Me pregunto ¿por qué deben pagar ese peaje los destinos como Gran Canaria que aún no ha conseguido  el grado de  diversificación de otros y tendría todavía mucho camino que recorrer?. Ya que ha sido el Sector Público el inventor de esta idea, que se utilice al menos como moneda de cambio para el pago de las ya desorbitadas cesiones de suelo y equipamientos obligatorios del proceso urbanizador, o que  incentive la renovación de otra forma más útil, económica o fiscalmente. Propongo quizás que se haga lo primero por la imposibilidad ya de aplicar lo segundo.

La Ley de Renovación y Modernización también propone algunos productos turísticos interesantes como los Condominios y Villas, que sin duda presentan atractivas alternativas de renovación  o desarrollo de nuevas y apreciables fuentes de actividad económica. Apostemos  por ambos proyectos de renovación  y desarrollo sostenible como alternativa  a la anterior moratoria cuyos perniciosos efectos aceleraron artificialmente el proceso urbanizador de forma especulativa continuando hasta hoy su efecto devastador y ruinoso en muchas empresas y particulares que todavía sufren injustamente sus perjuicios con el pago de contribuciones urbanas en parcelas cuasi permanentemente confiscadas  de unos aprovechamientos urbanísticos  previamente concertados y concedidos por la propia Administración.
 
A tiempo estamos para rectificar y volver a dotar de valor a nuestro destino turístico con viables expectativas para una inversión razonablemente planificada. Hagamos un esfuerzo de generosidad y valoremos  juntos  el beneficio pragmático resultante de llegar a acuerdos institucionales  que resuelvan estos agravios en un entorno de consenso y sinergias público privadas. Ganemos confianza, atractivo y seguridad jurídica para la inversión. De nobleza también sería reconocer el deber moral de ponernos  de acuerdo  y evitar la confrontación, al menos en los tiempos que corren.

_{Fernando del Castillo y Benítez de Lugo
Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria}