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Aprobada la ley turística que impide construir hoteles de cuatro estrellas

EFE
Martes, 28 de Mayo de 2013
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El PP, Nueva Canarias y el Partido Independiente de Lanzarote pretendían, con distintas fórmulas, incluir a los establecimientos de cuatro estrellas entre los susceptibles de conseguir autorización

[Img #14959]El pleno del Parlamento ha aprobado hoy definitivamente la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que limita la construcción de nuevos alojamientos a los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de cinco estrellas que obtengan autorización previa, pero no a los de cuatro estrellas, como proponía la oposición.

El PP, Nueva Canarias y el Partido Independiente de Lanzarote pretendían, con distintas fórmulas, incluir a los establecimientos de cuatro estrellas entre los susceptibles de conseguir autorización, pero los grupos nacionalista y socialista defendieron que se puedan crear nuevos hoteles y apartamentos extrahoteleros de cuatro estrellas, pero solamente a partir de la rehabilitación.

La diputada de Coalición Canaria por Gran Canaria María del Mar Julios se desmarcó del grupo nacionalista y votó en contra del artículo cuatro de la Ley, el que impide los nuevos establecimientos de cuatro estrellas.

Sin embargo, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, dijo, tras la aprobación de la ley, que no es cierto que en Gran Canaria no se puedan edificar hoteles de cuatro estrellas, y afirmó que en los planes de renovación turística hay previstas quince actuaciones importantes en dicha isla que crearán unas 10.000 camas con esta categoría.

Canarias necesita de un enorme esfuerzo por parte de todos para dejar de lado las cuestiones pleitistas, advirtió Rivero, para quien la norma aprobada hoy es una de las más importantes de la legislatura y recoge el testigo de la ley de mejora de los espacios turísticos.

"Estamos ante un asunto de gran relevancia porque se trata de la apuesta por mejorar y apuntar el principal sector económico del archipiélago", explicó el presidente, quien argumentó la elaboración de esta norma en el hecho de que se detectó que Canarias estaba perdiendo paulatinamente competitividad, en parte por la obsolescencia de su planta alojativa.

Además, continuó el presidente, no se puede utilizar la crisis como justificación para desregularlo todo, al tiempo que recordó que el Gobierno regional ha pedido al Banco Europeo de Inversiones un crédito de cien millones de euros "que habrá que articular en los próximos meses" para facilitar el crédito a los empresarios del sector.

El diputado del PP Miguel Jorge Blanco acusó a socialistas y nacionalistas (PP) de establecer una moratoria turística "indefinida y permanente" y defendió su limitación hasta 2016.

La moratoria tenía sentido cuando había un exceso de crecimiento, pero en la actual crisis económica "hay que abrir el mercado turístico a promotores e inversores", dijo.

Miguel Jorge Blanco propuso incluir entre las excepciones a la moratoria a los hoteles y complejos extrahoteleros de cuatro estrellas y consideró "incomprensible" que se impidan cuando tienen "un potencial turístico enorme".

En Gran Canaria, el modelo de las cuatro estrellas es el del 88 por ciento de los turistas, a los que "el Gobierno de Canarias les da la espalda", afirmó.

Además, denunció que en las zonas urbanas se impide la construcción de hoteles y complejos extrahoteleros de cuatro estrellas.

Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, defendió la moratoria por un periodo de tres años, pero respetando el planeamiento insular en aquellas islas que ya se hayan adaptado a las directrices del turismo.

Según su propuesta, que fue rechazada, en ese periodo se podría aumentar la oferta turística en establecimientos de cuatro y cinco estrellas con un límite de crecimiento del uno por ciento anual sobre las plazas en funcionamiento.

El dirigente de Nueva Canarias afirmó que, tal como está, la Ley no contiene ninguna moratoria, porque permite de forma indefinida la construcción de hoteles de cinco estrellas y villas turísticas.

"Sí a la moratoria, y que cada territorio decida en sus planes insulares la posibilidad de crecer a partir de cuatro estrellas con el límite del uno por ciento", una fórmula que respeta "un crecimiento controlado y regulado" y que reconoce que "los modelos insulares son diferentes", explicó.

Advirtió de que el artículo cuatro, tal como ha quedado en la Ley, genera "disenso político, social, institucional y económico".

También consideró Román Rodríguez que la judicialización de la ley está asegurada y dijo que no ha presentado una enmienda a la totalidad en espera del diálogo, pues hay algunas premisas que la convierten en una norma "a ciegas".

El diputado del PSOE Pedro Martín defendió la modulación del crecimiento turístico y rechazó "la liberalización total" que defiende el PP y la limitación del uno por ciento defendida por Nueva Canarias, una fórmula, a su juicio, "complicada y difícil de establecer".

Acusó a Román Rodríguez de "poner una vela a dios y otra al diablo" por defender una moratoria a la vez que pide que se puedan construir hoteles de cuatro estrellas.

Por el contrario, los grupos del Gobierno permiten nuevos hoteles de cuatro estrellas, pero siempre que sean resultado de la rehabilitación, dijo.

También matizó que las villas turísticas sólo se permiten en suelo turístico y con autorización previa de cabildos y ayuntamientos.

Además, negó que se trate de una moratoria indefinida, puesto que se establece que a los tres años se hará una evaluación a partir de cuyo resultado se podrá ir modulando el crecimiento.

"Esto no puede ser un debate entre Tenerife y Gran Canaria. Abrir la ley a los hoteles de cuatro estrellas es acabar definitivamente con la moratoria", dijo.

José Miguel González, del grupo nacionalista, negó que se impidan nuevos establecimientos de cuatro estrellas puesto que se permiten a partir de la renovación.

El problema fundamental son las instalaciones obsoletas y su rehabilitación es la actividad que genera más empleo, afirmó.

Esta Ley favorece la rehabilitación frente a la construcción y tiene carácter provisional porque si no funciona a los tres años se revisa, dijo.
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