Insularizar el crecimiento

La nueva Ley de Renovación Turística en tramitación parlamentaria, a pesar de incluir en su nombre la renovación, que es lo que todos queremos y esperamos (=una renovación del destino, tanto en la renovación de lo existente como en la creación de nuevas camas de cuatro y cinco estrellas, así como en infraestructuras), lo único que renueva en realidad es la prohibición de nuevos establecimientos alojativos y la política de crecimiento-cero. Por ello, sería más acertado llamar a esta Ley por su nombre completo: Ley de Renovación del Estancamiento Turístico, o bien, al postular una moratoria permanente, Ley de Perpetuación del Estancamiento Turístico, es decir, que aquí no se mueve nada. Ni tan siquiera los datos de la primera EPA del 2013, con un número de parados canarios que se acerca a los 400.000, hacen cuestionarse a los legisladores ni en lo más mínimo su intención de congelar nuevamente, y esta vez sin límite temporal, la única vía posible de crecimiento económico real de Canarias.

Dicho crecimiento-cero para las islas más desfavorecidas en cuanto a su estructura alojativa (antigüedad, tipología alojativa,..) supone de facto un decrecimiento (crecimiento negativo), como se ha podido constatar en Gran Canaria a través de la importante pérdida de plazas alojativas durante la última década. Resulta más que evidente que las islas muestran niveles de desarrollo alojativo muy diferentes como para aglomerar las condiciones para el futuro crecimiento en una sola ley para todas las islas. De ahí que ahora se plantee, aunque de forma timorata y acomplejada, el “insularizar el crecimiento”, es decir, que cada Isla dirija su crecimiento según sus necesidades de desarrollo, algo en que muchos agentes del sector turístico, cabildos y ayuntamientos parecen estar de acuerdo por su irrefutable lógica, pero ¿cómo plasmarlo en la ley?

A pesar de la urgencia de recoger esta reasignación de competencias a los Gobiernos Insulares en la nueva legislación territorial, tan sólo un partido político minoritario de la oposición ha sido capaz de plantear de forma concreta cómo definir esa “insularización”. Este partido entiende como “insularización” la atribución a cada Cabildo de la potestad de permitir un crecimiento de un 1% anual de la capacidad alojativa, dando por supuesto el mantenimiento de la moratoria, en la mayoría de los aspectos tal como está ahora vigente. Sin embargo, ¿puede considerarse un cupo del 1% anual una vía realista de crecimiento? No, en absoluto. Veamos el ejemplo de la isla de Gran Canaria:   

Gran Canaria, durante los últimos 13 años, ha reducido sus plazas de unas 150.000 a unas 115.000 camas. Un cupo del 1% supondría el permiso de construir 1.150 camas anuales, es decir, aproximadamente un hotel grande (o dos “medianos” o tres “pequeños”). Al ritmo de 1.150 camas anuales tardaría 30 años (treinta) en recuperar la capacidad alojativa que tuvo en el año 2000. Y todo ello suponiendo que no sean expulsadas más camas del mercado, pues recordemos que desde el 2000 ha sido expulsada del mercado grancanario una media de 2.700 camas anuales. De seguir este volumen de expulsión, un cupo de crecimiento del 1% mantendría el crecimiento negativo (2.700 expulsadas contra 1.150 nuevas), y ello sin entrar en las enormes dificultades de la asignación de proyectos a un determinado cupo restringido. Resulta evidente que “insularizar el crecimiento” no puede ser entendido en ningún caso como la otorgación de un cupo restringido, pues se mantendría el decrecimiento económico y la anulación de la creación de empleo real, tal como está planteado en el proyecto de la Ley de Renovación Turística. 

Entonces, ¿cómo “insularizar” el crecimiento?

Pues transfiriendo las competencias territoriales plenamente a los Cabildos insulares, permitiendo, por ejemplo, que maticen excepciones para cada isla a la Ley de Renovación Turística, de manera que fuesen consideradas las singularidades de cada isla. Las excepciones a considerar para la isla de Gran Canaria del actual texto legislativo de Renovación Turística tendrían que ser, como mínimo, las cinco siguientes:

1) Autorización de nuevos establecimientos hoteleros y extrahoteleros a partir de la categoría de cuatro estrellas (recordemos que siempre en suelo ya clasificado para dicho uso y contemplado en el Plan Insular). Si Tenerife quiere prohibirlos y proteger su planta hotelera de nueva competencia local, que lo haga para su isla, pero para Gran Canaria no cabe en ningún caso prohibir estos nuevos establecimientos.

2) Supresión de la obligación de contratación del 60% del personal del SCE. Si Tenerife quiere apilar criterios disuasorios para la inversión, que lo haga para su isla, pero los nuevos hoteles en Gran Canaria no pueden estar condicionados por articulados populistas que reduzcan su competitividad laboral.  

3) Desvinculación de la obra de un hotel a la terminación de la urbanización en que se encuentra, excepto a las infraestructuras que den servicio directo al hotel. Si Tenerife quiere llenar la Ley de dispositivos que permitan paralizar un proyecto eternamente, que lo haga para su isla, pero los nuevos hoteles de Gran Canaria no pueden estar condicionados a una clara inseguridad jurídica que se deriva de formulaciones confusas. 

4) Desvinculación entre la renovación y la categoría exigida, es decir, que no debería haber obstáculos si un complejo de apartamentos de dos estrellas renueva y mantiene su categoría. Si Tenerife quiere entender la “calidad” como “alto poder adquisitivo” o “gran lujo”, que lo haga para su isla, pero para Gran Canaria, donde predomina la clientela “estándar”, es necesario aplicar la definición clásica de calidad: “acorde a las exigencias del cliente”, es decir, que todas las categorías pueden tener “calidad”. Además, siempre será mejor renovar manteniendo la categoría (e incluso los ratios de densidad anteriores a 1995) que no renovar.

5) Desvinculación entre la renovación y la tipología exigida, es decir, que no debería haber obstáculos para convertir un establecimiento hotelero en extrahotelero. Si Tenerife quiere prohibirlo, que lo haga para su isla, pero Gran Canaria siempre ha destacado por su oferta extrahotelera y, si bien es cierto que está más demandada la cama hotelera, no está dicho que para núcleos obsoletos no pueda ser interesante una reconversión, por ejemplo, a un producto extrahotelero especializado (p.ej. un “geriátrico vacacional”).

Conclusiones

Esta vez Gran Canaria no puede permitir en ningún caso que los intereses del empresariado tinerfeño (Ashotel) vuelvan a condicionar la prolongación de la prohibición de construir nuevos hoteles y de crear nuevos puestos de trabajo reales. Es más que obvio que el Gobierno canario no trata a todas las islas por igual ni en cuestiones como la promoción turística, tal como se ha visto en diferentes ocasiones durante los últimos años, ni mucho menos en la política de crecimiento turístico. Por ello, es absolutamente necesario que las competencias territoriales de la planificación turística sean transferidas plenamente a cada Cabildo Insular. El nivel de desarrollo turístico actual de cada isla es demasiado dispar como para pretender regularlo en una sola ley para todo el Archipiélago.