Montablán hizo estas declaraciones en respuesta a la decisión del gobierno estatal de prohibir el acceso a la asistencia sanitaria pública y gratuita de los inmigrantes sin papeles que viven en España
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha afirmado que la crisis económica no puede servir de excusa para desmantelar un estado social y democrático que ha costado mucho tiempo conseguir.
Montablán hizo estas declaraciones en respuesta a la decisión del gobierno estatal de prohibir el acceso a la asistencia sanitaria pública y gratuita de los inmigrantes sin papeles que viven en España.
En el marco del Foro de Inmigración “La universalidad de los Derechos Humanos y la inmigración”, que se celebra en el hotel Costa Meloneras para jueces y magistrados, la vocal del poder judicial confió en que, “al final saldremos con la reflexión y la confianza que tenemos unas instituciones potentes que podrán resistir esta etapa de crisis.
En este sentido resaltó en tiempo de crisis la importancia de salvaguardar la independencia de los jueces en la defensa de los derechos fundamentales para las personas de otros países que “vienen en busca de un mundo mejor”.
La magistrada citó como ejemplo de independencia el caso del Tribunal Supremo que ordenó a la Administración revisar los casos de una treintena de subsaharianos que llegaron a las costas de Fuerteventura y solicitaron asilo político.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, consideró la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes “claramente discriminatoria que atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ni tan siquiera reportará un ahorro significativo”.
El consejero, en su intervención, hizo alusión a la resolución del Tribunal Constitucional que respalda que el derecho a la salud está por encima de los recortes y medidas de ajuste impuestas por el Ejecutivo del Estado.
Una sociedad como la española que “tanto ha sufrido los dramas” que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, “no quiere convivir con esta medida que, de manera tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa”, añadió.
Asimismo, se refirió a la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Ministerio de Justicia y que si finalmente es aprobada por el Parlamento español podrá ser objeto de sanción penal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados.
Al acto inauguración asistió además el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe Hernández; el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido y la magistrada y directora del curso, Carmen Simón Rodríguez.
Montablán hizo estas declaraciones en respuesta a la decisión del gobierno estatal de prohibir el acceso a la asistencia sanitaria pública y gratuita de los inmigrantes sin papeles que viven en España.
En el marco del Foro de Inmigración “La universalidad de los Derechos Humanos y la inmigración”, que se celebra en el hotel Costa Meloneras para jueces y magistrados, la vocal del poder judicial confió en que, “al final saldremos con la reflexión y la confianza que tenemos unas instituciones potentes que podrán resistir esta etapa de crisis.
En este sentido resaltó en tiempo de crisis la importancia de salvaguardar la independencia de los jueces en la defensa de los derechos fundamentales para las personas de otros países que “vienen en busca de un mundo mejor”.
La magistrada citó como ejemplo de independencia el caso del Tribunal Supremo que ordenó a la Administración revisar los casos de una treintena de subsaharianos que llegaron a las costas de Fuerteventura y solicitaron asilo político.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, consideró la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes “claramente discriminatoria que atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ni tan siquiera reportará un ahorro significativo”.
El consejero, en su intervención, hizo alusión a la resolución del Tribunal Constitucional que respalda que el derecho a la salud está por encima de los recortes y medidas de ajuste impuestas por el Ejecutivo del Estado.
Una sociedad como la española que “tanto ha sufrido los dramas” que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, “no quiere convivir con esta medida que, de manera tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa”, añadió.
Asimismo, se refirió a la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Ministerio de Justicia y que si finalmente es aprobada por el Parlamento español podrá ser objeto de sanción penal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados.
Al acto inauguración asistió además el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe Hernández; el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido y la magistrada y directora del curso, Carmen Simón Rodríguez.
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