¿Perjudicarían a la rehabilitación los nuevos hoteles de cuatro estrellas?

La nueva (y tercera) moratoria va camino de mantener nuevamente la prohibición de hoteles nuevos de cuatro estrellas; lo que significa que se sigue legislando en contra de lo que el mercado turístico exige a Gran Canaria. Después de prolongar un año la segunda moratoria (de mayo 2012 a mayo 2013) para poder planificar con toda calma la nueva Ley de Renovación Turística, ésta se encuentra en trámite en el Parlamento para su aprobación definitiva.

La ampliación de la excepción de la moratoria para los hoteles de cinco estrellas gran lujo a los de cinco estrellas “normales” no supone apenas ninguna apertura al crecimiento de planta nueva, sea por las utópicas exigencias complementarias de la ley (limitación temporal de la licencia, selección de 60% del personal a través de SCE, terminación de la urbanización), o ya simplemente porque la demanda de los hoteles de cinco estrellas en tiempos de crisis económica desciende en varios segmentos a favor de las gamas medias o premium, es decir, a favor de categorías como las tres o cuatro estrellas (ver por ejemplo: “Tendencias 2013 en turismo de reuniones: la industria se adapta al “new normal””, en hosteltur.com). Además, los cuatro años de vigencia de la Ley de Medidas Urgentes, en los que no se ha construido ni un solo hotel de 5GL (ni se prevé ninguno), han demostrado sobradamente que no hay demanda suficiente de gran lujo para Canarias, no sólo por el bajo potencial cuantitativo de clientes de este segmento, sino también por no disponer de las condiciones óptimas para satisfacer sus exigencias (líneas regulares, servicios exclusivos, entornos de 5GL, etc.).

A pesar de la insuficiente oferta actual de hoteles de cuatro estrellas con relación a la demanda, como es el caso en Gran Canaria, el Ejecutivo canario pretende mantener la prohibición de nuevos hoteles de esta categoría argumentando que “la construcción de hoteles de cuatro estrellas restaría fuerza a la rehabilitación, ya que los empresarios apostarían más por edificar nuevos establecimientos que renovar los antiguos” (La Provincia /DLP, 10.04.13). El consejero de Política Territorial señaló que “no se debe bajar el listón de las cinco estrellas en los hoteles de nueva edificación para que se fomente la rehabilitación”.

¿Perjudicaría la rehabilitación autorizar nuevos hoteles de cuatro estrellas?

No, en absoluto. Veamos la cuestión desde tres ángulos diferentes:

1) ¿Perjudicarían la renovación de camas extrahoteleras nuevas camas de 4*? No, un proceso no tiene nada que ver con el otro: Son diferentes empresarios y diferentes segmentos (la planta extrahotelera de Playa del Inglés, en su inmensa mayoría, es de una y dos estrellas). Una moratoria proteccionista no influye en los procesos de renovación de estas camas, pues el peligro de trasvase de clientes de 1-2 estrellas a una categoría de 4 estrellas es mínimo y, además, los problemas de estos propietarios extrahoteleros son muy diferentes (consensos internos, financiación, viabilidad económica de la rehabilitación). Lo que realmente resta fuerza a la rehabilitación alojativa extrahotelera es la baja o casi nula apuesta que se ha hecho desde la Administración por la rehabilitación de las infraestructuras turísticas en los núcleos en donde se ubican dichas camas, como se ha visto en los escasos éxitos del Consorcio de Rehabilitación de San Bartolomé en sus cuatro años de vigencia y en el ridículo presupuesto (12M) asignado.

2) ¿Perjudicarían la renovación de camas hoteleras nuevas camas de 4*? Siguiendo con el supuesto de diferentes propietarios (pues la tesis de que un mismo propietario preferiría construir un hotel nuevo y dejar “pudrirse” al antiguo, antes que renovarlo, sería absurda), la clave de la cuestión no se centra en la rehabilitación sino más bien en el proteccionismo. Es decir, no es que la aparición de nuevas camas de 4* tenga una influencia negativa en la rehabilitación de hoteles antiguos de 3-4*, sino que (supuestamente) las nuevas camas pondrían en peligro la rentabilidad y competitividad de dichas camas hoteleras antiguas. Esta es precisamente la argumentación de la patronal hotelera de Tenerife, que rechaza la creación de nuevas camas porque “..permitir la entrada de nueva oferta de camas que no aportan más valor que el hecho de ser establecimientos de nueva construcción, condena de forma irremediable a la desaparición a aquellos establecimientos más antiguos…” (alegaciones de Ashotel al Parlamento, febrero 2013). Hay que tener en cuenta que la isla de Tenerife dispone de aprox. 67.000 plazas hoteleras de alta categoría (4+5 estrellas), ¡más del doble que Gran Canaria!

Sin embargo, ¿garantiza el proteccionismo a medio-largo plazo la competitividad de los hoteles protegidos artificialmente? El obligar al cliente a reservar las plazas antiguas, dada la limitación de la oferta, en términos competitivos no es sostenible a largo plazo. Al prohibir la aparición de nueva competencia local se está reduciendo la presión competitiva local, lo cual puede retrasar posibles procesos de rehabilitación (por confundir la alta demanda con una demanda al 100% real hacia el producto), lo cual redunda en una pérdida de competitividad a largo plazo. El proteccionismo y la competitividad llevan signos opuestos. Por contra, se suele observar que un aumento de la presión competitiva (a través de nuevas camas) suele aumentar los procesos de rehabilitación, justo el efecto contrario al que sostienen los propulsores del proteccionismo.

Por otro lado, la protección artificial evita nueva competencia local, pero no puede evitar la aparición de nueva competencia exterior, como hemos podido constatar durante la pasada década en el crecimiento de destinos como Turquía o Egipto, que han triplicado sus visitantes entre 2000 y 2010. En estos destinos ha surgido una planta hotelera nueva, moderna y adaptada exactamente al cliente de hoy. Pretender competir contra productos internacionales de reciente creación solamente a través de la renovación parcial de la oferta existente siempre chocará contra las limitaciones propias de cualquier rehabilitación, que siempre será un “producto derivado” y, por tanto, menos competitivo que un producto moderno de creación nueva.  

Por tanto, el proteccionismo no garantiza la competitividad, puesto que a la larga no se puede obligar al cliente a “entrar en el zapato con calzador”, es decir, no se puede imponer una determinada tipología alojativa, categoría alojativa y grado de modernidad alojativo, cuando el cliente tiene otras necesidades y cuando el mercado internacional no para de introducir productos adaptados a estas nuevas necesidades. Estamos ante una ley proteccionista hecha por y para Tenerife, pero que no garantiza el poder competitivo de las camas que pretende proteger.  

La única posibilidad que deja abierta el empresariado hotelero tinerfeño (Ashotel) a la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas es “la autorización periódica de establecimientos que supongan una diferenciación y que aporten calidad”. Con ello ignora el hecho de que hoy en día ningún empresario construiría una sola cama que no tuviese algún aspecto diferenciador. Nadie en su sano juicio construiría hoy un hotel “más de lo mismo”, obviando un preciso estudio de mercado previo. 

3) ¿Perjudicarían la aplicación de los incentivos de rehabilitación nuevas camas de 4*? La creación de nuevos hoteles de 4 estrellas supondría, según el legislador,  impedir que complejos u hoteles de categorías inferiores renueven aumentando su categoría a las cuatro estrellas. Ello es falso, tanto por los dos puntos señalados en párrafos anteriores, como por la nula eficacia de dichos incentivos (por ejemplo, se ha podido ver que cuando un hotel renueva aumentando a la vez su categoría suele reducir sus plazas, en lugar de aumentarlas). La aún vigente y fracasada Ley de Medidas Urgentes (segunda moratoria) contempla, principalmente, dos incentivos teóricos: la sustitución (demoler y llevar a otro sitio) y la “renovación con premio” (incentivo de aumento de camas). Ambos han sido tan teóricos que no han tenido apenas aplicación práctica. A pesar de que su fracaso es indiscutible, ahora se pretenden prolongar dichos incentivos a la nueva ley con unos pocos añadidos (edificabilidad, densidad, banco de camas virtual). Seamos realistas; si los incentivos no han servido en los últimos cuatro años tampoco van a servir en los siguientes. Su prolongación más bien se corresponde con el afán político de no rectificar nunca (“sostenella y no enmendalla”). Volver a insistir en dos incentivos que no han servido para propulsar la rehabilitación, volviendo a mantenerlos como única vía posible para la creación de un objeto de cuatro estrellas, es igual de absurdo como pretender abrir un hotel 5GL con personal recién formado por el SCE.  

A un paso de la perpetuación del inmovilismo

En definitiva, la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas no perjudicaría la rehabilitación de los antiguos. La cuestión de fondo de su prohibición no es realmente el fomento de la rehabilitación, sino más bien el proteccionismo de la planta hotelera tinerfeña, saturada ya de hoteles de cuatro estrellas, así como la persistencia en el “crecimiento-cero” y la firme convicción de no querer reconocer la ineficacia de los incentivos contemplados en la Ley de Medidas Urgentes. 

La Ley de Renovación Turística en breve será aprobada por el Parlamento manteniendo la prohibición de los hoteles de cuatro estrellas y con una extensa batería de requisitos para los cinco estrellas suficientes para hacerlos inviables. De aprobarse esta ley tal y como está concebida a día de hoy es de prever que no se vaya a producir ni una sola inversión turística en proyectos nuevos. Las posibilidades de crear empleo en Canarias se mantendrían reducidas a tres factores: a una mayor ocupación de las capacidades ya existentes (con el efecto nulo en la creación de empleo que hemos visto en la ocupación récord del 2011), a las rehabilitaciones de camas existentes (las pocas que tienen financiación, consenso y viabilidad de demanda) y a puestos de trabajo subvencionados (para los que cada vez hay menos fondos públicos).