Los caravanistas creen que San Bartolomé entrará en una guerra innecesaria

La ordenanza municipal, explicó a La Expresión, no puede contravenir la normativa europea ni estatal, que confiere a las caravanas el mismo tratamiento y derechos que a cualquier vehículo, con lo que pueden estacionar en los mismos lugares y el mismo tiempo, es decir hasta 48 horas, y no sólo 24 horas como plantea el consistorio, lo que además no solucionaría el problema porque “con mover la caravana un metro”, ya se pueden quedar otras 48 horas en ese lugar, aseguró.

Por otra parte, la normativa europea permite pernoctar en el interior de estos vehículos porque están homologados para ello y pagan impuestos que incluye este concepto.

Lo que no pueden hacer, exclamó, es acampar en cualquier sitio, por lo que se mostró favorable de actuar contra quienes despliegan el toldo, calzan las ruedas y anclan el vehículo en esos aparcamientos, pues eso sí lo prohíbe la ley, además, entiende el problema al que se enfrenta el consistorio y asegura que también puede actuar contra quienes realizan malas prácticas, como verter agua a la vía pública, pero no contra los que simplemente estacionan y duermen en el interior, aunque sea durante varios días.

En cualquier caso, insistió en que el consistorio se “siente a hablar” porque los caravanistas son los primeros interesados en encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, pues sólo en esta isla hay 11.000 vehículos y unas 50.000 personas amantes de esta actividad y sin embargo no cuentan con lugares adecuados para ello.

Considera que se está perdiendo una oportunidad de negocio, porque a estas personas se sumarían miles de turistas europeos que alquilarían aquí las caravanas, pero a todos los que se ponen en contacto con Pastor debe indicarles que la isla no está preparada.

Una de las posibilidades, apuntó, es que el Ayuntamiento acepte el ofrecimiento de Lopesan de ceder los terrenos de los Llanos de los Militares y permitir que puedan hacer uso los caravanistas, las obras civiles son mínimas y las tasas que se cobrarían a cada vehículo permitiría al Ayuntamiento incluso realizar obras benéficas, pues en épocas pasadas, cuando se podían instalar en este y otros terrenos, se llegó a recaudar por este concepto hasta 50 millones de las antiguas pesetas.

Dada las cualidades del sur de Gran Canaria, Claudio Torres insistió en que no entiende que este tipo de turismo, del que se beneficiarían tanto isleños, como peninsulares y europeos, no cuente con instalaciones adecuadas para ello, también por falta de una regulación adecuada en el Plan Insular del Territorio, pendiente de desarrollar el plan especial que incluya esta actividad.

En cualquier caso, insistió en que la solución para evitar que se instalen por largos periodos en los aparcamientos públicos no pasa por una ordenanza municipal que les prohíba estacionar más de un número determinado de horas y recalcó la necesidad de contar con lugares adecuados para esta actividad, una vieja demanda del sector que se remonta a varias décadas.