El PP plantea que la futura ley permita hoteles y complejos extrahoteleros en suelos urbanos donde estén previstos y casas, además de hoteles rurales
El PP en el Parlamento de Canarias ha
advertido este viernes de que no acepta el "intervencionismo feroz" que el
Gobierno regional pretende aplicar, a su juicio, con la futura ley de
renovación y modernización turística de las islas, donde prescinde de
las corporaciones insulares y locales.
Así lo ha manifestado la portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro, y el diputado Miguel Jorge Blanco, al presentar en una rueda de prensa las 60 enmiendas que los populares han presentado a este proyecto de ley, en cuyo trámite de ponencia aspiran a poder consensuar algunos aspectos con los grupos que sustentan al Gobierno canario.
Entre los asuntos sobre los que el PP quiere llegar a acuerdo, Blanco ha aludido al papel que, a juicio de este partido, deben tener cabildos y ayuntamientos en la definición del modelo turístico planificado en cada isla, al hecho de que esta nueva "moratoria" no sea permanente, sino que expire el 31 de diciembre de 2016, y a la necesidad de modificar las excepciones que se plantean, ya que afectan a escasos tipos de establecimientos-
Así, el PP plantea que la futura ley permita hoteles y complejos extrahoteleros en suelos urbanos donde estén previstos y casas, además de hoteles rurales.
También solicitan los populares en sus enmiendas que se exceptúe de la futura norma a los hoteles "de cuatro estrellas o más" y a los complejos extrahoteleros, de gran importancia para Gran Canaria, de forma que no sólo se permitan, como establece el proyecto de ley hoteles de cinco o de gran lujo.
Respecto a las autorizaciones previas, Miguel Jorge Blanco ha recordado que la directiva Bolkestein obliga, como norma general, a suprimir todos los requisitos previos exigibles para iniciar cualquier actividad económica o mercantil y ha dicho que, pese a ello, el PP está dispuesto a "flexibilizar" la pretensión del proyecto de ley, de forma que, en lugar de tres meses, el plazo para resolver una autorización previa sea de 45 días y que, a partir de ahí, el silencio administrativo se considere positivo.
De igual forma, los populares rechazan que sea solo el Gobierno canario el que pueda desarrollar planes de modernización turística y propone que tengan potestad para ello cabildos, ayuntamientos turísticos, consorcios urbanísticos creados para estos fines y entidades de gestión privada o público-privada, además de la administración regional, que será la que otorgue su aprobación definitiva.
El grupo popular también aboga por que los incentivos turísticos, que el proyecto de ley deja en manos del Gobierno canario y limita a determinadas zonas "de forma parcial", se atengan a lo que establezcan los planes insulares de ordenación de cada isla, y que su vigencia sea igual a la de la futura ley, en lugar de los dos años fijados en el texto.
Además, el PP pretende que implique una mejora de la calidad, pueda haber hoteles que se reconviertan en complejos extrahoteleros, como se permite a la inversa, y que el registro de plazas de alojamientos, que el proyecto de adscribe a la Consejería regional de Turismo, sea competencia de los cabildos.
Los populares también plantean la posibilidad de clasificar suelos turísticos para materializar en ellos los incentivos a la renovación turística de acuerdo a lo establecido en los planes insulares de ordenación, de forma que el incremento de plazas con las que se premie la mejora pueda ubicarse en esas zonas.
Respecto a las villas, el PP reduce a 200 los 500 metros respecto de la costa que el proyecto de ley fija como tope para que opere este tipo de establecimiento y propone que las unidades por hectárea que se permitan oscilen entre 10 y 50, en lugar de 40.
Las enmiendas del PP al proyecto de ley también abordan la regularización de plazas o establecimientos turísticos que posean licencias, pero no autorización previa, y plantean que esta posibilidad beneficie tanto para hoteles como para todo tipo de complejos, en el caso de las plazas, y a todos los establecimientos que permitan los planeamientos municipales.
Los populares esperan que los demás grupos sean flexibles en el debate de este proyecto de ley en la ponencia parlamentaria para que se pueda llegar a un acuerdo sobre esta materia, dada su importancia para la economía regional.
Así lo ha manifestado la portavoz del grupo parlamentario popular, María Australia Navarro, y el diputado Miguel Jorge Blanco, al presentar en una rueda de prensa las 60 enmiendas que los populares han presentado a este proyecto de ley, en cuyo trámite de ponencia aspiran a poder consensuar algunos aspectos con los grupos que sustentan al Gobierno canario.
Entre los asuntos sobre los que el PP quiere llegar a acuerdo, Blanco ha aludido al papel que, a juicio de este partido, deben tener cabildos y ayuntamientos en la definición del modelo turístico planificado en cada isla, al hecho de que esta nueva "moratoria" no sea permanente, sino que expire el 31 de diciembre de 2016, y a la necesidad de modificar las excepciones que se plantean, ya que afectan a escasos tipos de establecimientos-
Así, el PP plantea que la futura ley permita hoteles y complejos extrahoteleros en suelos urbanos donde estén previstos y casas, además de hoteles rurales.
También solicitan los populares en sus enmiendas que se exceptúe de la futura norma a los hoteles "de cuatro estrellas o más" y a los complejos extrahoteleros, de gran importancia para Gran Canaria, de forma que no sólo se permitan, como establece el proyecto de ley hoteles de cinco o de gran lujo.
Respecto a las autorizaciones previas, Miguel Jorge Blanco ha recordado que la directiva Bolkestein obliga, como norma general, a suprimir todos los requisitos previos exigibles para iniciar cualquier actividad económica o mercantil y ha dicho que, pese a ello, el PP está dispuesto a "flexibilizar" la pretensión del proyecto de ley, de forma que, en lugar de tres meses, el plazo para resolver una autorización previa sea de 45 días y que, a partir de ahí, el silencio administrativo se considere positivo.
De igual forma, los populares rechazan que sea solo el Gobierno canario el que pueda desarrollar planes de modernización turística y propone que tengan potestad para ello cabildos, ayuntamientos turísticos, consorcios urbanísticos creados para estos fines y entidades de gestión privada o público-privada, además de la administración regional, que será la que otorgue su aprobación definitiva.
El grupo popular también aboga por que los incentivos turísticos, que el proyecto de ley deja en manos del Gobierno canario y limita a determinadas zonas "de forma parcial", se atengan a lo que establezcan los planes insulares de ordenación de cada isla, y que su vigencia sea igual a la de la futura ley, en lugar de los dos años fijados en el texto.
Además, el PP pretende que implique una mejora de la calidad, pueda haber hoteles que se reconviertan en complejos extrahoteleros, como se permite a la inversa, y que el registro de plazas de alojamientos, que el proyecto de adscribe a la Consejería regional de Turismo, sea competencia de los cabildos.
Los populares también plantean la posibilidad de clasificar suelos turísticos para materializar en ellos los incentivos a la renovación turística de acuerdo a lo establecido en los planes insulares de ordenación, de forma que el incremento de plazas con las que se premie la mejora pueda ubicarse en esas zonas.
Respecto a las villas, el PP reduce a 200 los 500 metros respecto de la costa que el proyecto de ley fija como tope para que opere este tipo de establecimiento y propone que las unidades por hectárea que se permitan oscilen entre 10 y 50, en lugar de 40.
Las enmiendas del PP al proyecto de ley también abordan la regularización de plazas o establecimientos turísticos que posean licencias, pero no autorización previa, y plantean que esta posibilidad beneficie tanto para hoteles como para todo tipo de complejos, en el caso de las plazas, y a todos los establecimientos que permitan los planeamientos municipales.
Los populares esperan que los demás grupos sean flexibles en el debate de este proyecto de ley en la ponencia parlamentaria para que se pueda llegar a un acuerdo sobre esta materia, dada su importancia para la economía regional.
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