De algunas causas, estos efectos

Todos los partidos políticos parecen compartir la facilidad para poder ponerse de acuerdo y solucionar aquellas cosas que les afectan en tanto que clase o casta, como cada cual prefiera denominar a esas personas con capacidad para regular las vidas de todos.  Se reparten cargos debidamente remunerados en consejos y órganos varios, se autofijan sus horarios, vacaciones, sueldos, indemnizaciones o jubilaciones. Se entrometen en todos los ámbitos de la vida ciudadana, incluso en la íntima como parece haber ocurrido con Método 3, la agencia de detectives implicada en el escándalo de espionaje a políticos y otras personalidades.  Pero esos políticos aforados se escaquean hábil y desvergonzadamente si se les pide responsabilidades por su pésima gestión o por otras cuestiones que afectan al código penal.  Y así desde el más pequeño y arruinado ayuntamiento a las más altas instancias políticas.  

Hace unos días Julio Cruz, secretario de organización del PSC-PSOE, descubría lo que el CIS lleva advirtiendo en sus encuestas desde tiempos de Zapatero, que “a los ciudadanos lo que realmente les preocupa es el paro y la pobreza”.  Y lo decía con la misma cara de hipócrita ingenuidad con que el Capitán Renault, jefe de la policía francesa en la película Casablanca, ordenaba cerrar el Club Rick’s con la peregrina excusa de que “¡aquí se juega!”.  Por cierto, nada dijo Julio Cruz sobre el renovado reproche ciudadano, que como en los últimos años del felipismo vuelve a reaparecer en los puestos de cabeza de todos los sondeos demoscópicos, cual es la aparente corrupción de todos los poderes del estado, incluyendo a las autonomías o “autonosuyas”, como decía Fernando Vizcaíno Casas.  

Gran parte de esos problemas de paro y la consecuente pobreza, tienen su origen precisamente en la pésima gestión y el desmesurado e irracional intervencionismo de los políticos en todos los ámbitos de la vida civil, con frecuencia de la mano o del bracete de sindicatos y patronales, organizaciones de más que dudosa representatividad y servicio al bien común, el de todos, porque el de ellos sí que parecen abonarlo adecuadamente.  Por eso urge la reforma de la ley electoral general y del sistema de representación.  Y no sólo de la ley canaria.

Aunque la casta política insista en la coartada de que la ruina actual se originó en otros países, proclamando sin rubor que de fuera se han importado los problemas actuales de España y en la última legislatura desde Madrid los de Canarias, tal vez sea más cierto reconocer que en el exceso de regulaciones absurdas y el despilfarro generalizado está la génesis del problema.   Muchas leyes autonómicas son meras redundancias de otra estatal más general, que simplemente se ha “transpuesto” añadiéndole la palabra “canaria” para el caso isleño. Tal vez se ha salpimentando la norma limitando o coartando la libre iniciativa y rompiendo la unidad de mercado o de intervención, casi siempre para beneficiar a unos pocos, perjudicando a la mayoría. Todo un liberticidio con apariencia y formas democráticas.

Pero el PSC-PSOE afirma que la reforma electoral ni es urgente ni preocupa, “no es una prioridad para el Partido Socialista”.  De nuevo el enrocamiento y la autoprotección, como si la política se hiciera sola y no intervinieran las personas.  Fuera de la estructura de sus partidos, parecen opinar, no hay nada que hacer.  Los ingleses o los americanos, que pueden elegir libremente a las personas que quieren que les representen, no votar listas abiertas o cerradas, están locos.  Como los galos en la aldea de los cuentos de Asterix.   Parafraseando a Forges, de un momento a otro colgarán en las sedes el cartel de “Delegación de País, S.L”.