El Estado considera que "prohibir la grabación de los plenos es censura previa"

El Boletín Oficial de las Cortes Generales del 18 de febrero publica, en respuesta a la pregunta de la diputada Rosa Díez de UPyD, relativa a “las dificultades de muchos vecinos para grabar el pleno municipal”, una contestación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la asegura que “prohibir la grabación de los plenos es censura previa”, según informan Ciuca y NC.

Por ello, estos grupos de la oposición de Mogán subrayan la importancia de que el secretario de Estado resalte “el derecho de los ciudadanos a grabar los plenos” y destaca que se ha apoyado en la misma legislación que han esgrimido estas formaciones para defender la grabación y difusión del contenido de los plenos de Mogán. Asimismo, coincidió al señalar la misma jurisprudencia, como la sentencia 5838/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, resaltan en un comunicado.

“Esta sentencia argumenta que «diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional recaídos con posterioridad a la sentencia aquí recurrida no han venido sino a reiterar la doctrina que en ella se recoge. Cabe destacar en este sentido las STC 56/2004 y 57/2004, ambas de 19 de abril de 2004, y 159/2005, de 20 de junio de 2005, que anulan determinados acuerdos gubernativos que prohibían el acceso de profesionales con medios de captación de imagen a las vistas celebradas en las salas de los tribunales”, detalla.

Igualmente, prosigue, el secretario de Estado hace suyas las palabras de esa sentencia y afirma que "la limitación del acceso de las cámaras  -la cual no se funda por la Administración en razones de concurrencia de múltiples medios de comunicación…- implica una suerte de censura previa de la obtención de la información, privando de esta manera no sólo al medio de comunicación demandante de su derecho fundamental, sino obstaculizando también el derecho a la información de los vecinos", todo ello en cumplimiento de las leyes y la Constitución.

Por tanto, los portavoces de CIUCA y NC, Mencey Navarro e Isabel Santiago, “consideran que la función del alcalde de Mogán, Francisco González, al haber prometido o jurado la Constitución, es facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos constitucionales y no impedirlos, obstaculizarlos y prohibirlos. A partir de ahora, si el alcalde de Mogán se sigue oponiendo a la grabación de los plenos, estará desafiando al Gobierno de España y lo que es más grave aún, estará ‘liquidando’ la esencia de nuestro modeló democrático”, subrayan.

Por este motivo, animan a los ciudadanos de Mogán a acudir a los plenos con sus cámaras para grabar las sesiones plenarias e incluso subirlas a Internet o transmitirlas por cualquier otro medio y ejerzan así sus derechos.