El Cabildo tiene 3 meses para decidir si abre expediente BIC al Riu Oasis

El Cabildo de Gran Canaria tiene un plazo de tres meses para decidir si abre expediente para estudiar si declara Bien de Interés Cultural (BIC) el edificio del Hotel Gran Palace Riu Oasis, cuya tramitación para obtener la licencia de obras del derribo en el Ayuntamiento ha superado los dos informes técnicos correspondientes y se encuentra a falta del informe jurídico para que la propuesta de resolución resultante sea elevada a Junta de Gobierno.

Según explicaron fuentes del Cabildo a La Expresión, el Grupo Lopesan, promotor de la petición de que el inmueble sea declarado BIC, entregó la argumentación necesaria el viernes 28 de diciembre, dentro del plazo que le condede la ley. A partir de ese momento la normativa establece tres meses para que la institución insular decida si incoa el expediente o no.

En caso de que decida abrir dicho expediente, desde ese momento, y con independencia de que finalmente sea declarado BIC o no, el edificio pasará a tener una protección similar a la que tendría si ya hubiera sido declarado BIC para evitar daños irreparables.

Mientras tanto, la solicitud del permiso municipal para su derribo, previsto para el mes de abril, sigue su curso en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, cuyo concejal de Urbanismo, Fernando González, adelantó hace varias semanas que se trata de un acto reglado y, si se ajusta a la normativa, el pronunciamiento será favorable.

Si una normativa superior, como la venida del Cabildo si decide abrir el expediente BIC, ordena la paralización del proceso de derribo, la situación pasaría a ser responsabilidad de esta entidad superior, así como las indemnizaciones que de ese acto se pudieran derivar.

Por el momento, el expediente ya cuenta con los dos informes técnicos preceptivos, ambos favorables a la licencia de obras -que se tramita como cualquier otra, ha recalcado el concejal en varias ocasiones-, y se encuentra pendiente del informe jurídico, con el cual se podrá elaborar la propuesta de resolución que será elevada, previsiblemente, a la siguiente Junta de Gobierno para someterla a aprobación.