UGT asegura que los trabajadores nunca han estado cerrados a negociar un plan de pagos

Los trabajadores a los que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debe 10,5 millones de euros “nunca han estado cerrados a negociar un plan de pagos sabiendo cómo está la situación económica”, aunque también es cierto que están “bastante molestos porque la actitud en todos estos años ha sido criminalizar su derecho a reivindicar” su estabilidad laboral y la deuda adquirida por el consistorio por una acción ilegal que acabó en los tribunales.

Así lo manifestó a La Expresión el representante de UGT, Gustavo Santana, quien advirtió que el sindicato “no está dispuesto a entrar en el debate” generado por la oferta realizada por algunos concejales a determinados trabajadores a los que les han manifestado que están dispuestos a estudiar su estabilidad laboral –pasándolos de laboral indefinidos a laboral fijos-, a cambio de renunciar a la cuantía que les ha conferido la Justicia, ya que dicha proposición es un “chantaje político, caciquil e ilegal”.

Santana consideró que hay que encontrar el encaje correcto en el que ambas partes puedan ver satisfechas sus posturas, lo que será posible siempre que exista “voluntad”.

Sin embargo, “sospechamos que tienen una estrategia para justificar más adelante posibles despidos amparándose en la reforma laboral, pero insistimos, y así lo dijo Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el caso de La Oliva, en las administraciones públicas no todo vale”, subrayó.

Diálogo

Por ello apostó por el diálogo social manera de buscar que el impacto de la situación económica sobre los trabajadores sea el menor posible, aunque la cuestión es, según Santana, hasta dónde está dispuesto a ceder el Ayuntamiento para garantizar el empleo público.

La situación de estos trabajadores comenzó cuando, a partir de contratar a Perfaler para los servicios de limpieza del municipio, el consistorio comenzó a destinar a estos trabajadores a otros fines, lo que generó una cesión ilegal de trabajadores en situación económica también fraudulenta que culminó con pronunciamientos favorables a los trabajadores por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2005, aunque desde entonces y con diversidad de recursos, la situación se ha dilatado hasta la actualidad, en las que unos trabajadores han podido cobrar y otros no, concluyó.