La aparcada racionalización autonómica

Si estuviéramos en una nación seria, las noticias publicadas en el ABC del pasado día 28, hubieran puesto en marcha inmediatamente a la adormecida administración de justicia, cuando de asuntos públicos se trata.  Se debería explicar picado y menudo, como dice por aquí, porqué no tiene consecuencias civiles o penales que de los 64 Organismos Públicos vinculados a cabildos y ayuntamientos isleños, tan sólo uno aprobara en tiempo y forma los presupuestos, que la mayoría hicieran la liquidación fuera de plazo, que más de 20 no hayan elaborado el inventario de bienes y derechos y que cinco carezcan de una RPT.

Cómo debe ser la cosa de chapucera, para que sea la propia Audiencia de Cuentas la que  pida eliminar los organismos autónomos ineficaces, “no siempre justificados a la luz de los principios de eficiencia y economía”.  Tal vez por aquello de que “perro no come perro”, da una patada hacia arriba al problema elevando un “informe” al Parlamento de Canarias, para poder decir algún día, al más puro estilo Gila, que ya lo advirtió y que alguien no hizo nada para arreglar tamaño despilfarro y sinvergüencería.  Tal vez hubiera sido más eficaz y más baratito, elevar la mirada al cielo para rogar al Niño Jesús que, después de Navidades, se lleve el “pesebre” donde rumian tantos mantenidos por los partidos políticos.  Al fin y al cabo, en esa línea iconoclasta, ya el Vaticano puso su granito de arena mandando al paro a la mula y al buey, insinuando también que posiblemente tampoco hubo belén en Belén.

Aunque poco o nada de racionalidad cabe esperar de los que manejan o mangonean la cosa pública, no se ve a ningún partido ni a grupos “espontáneos” montar acampadas o “manis”, término usado en el vídeo de IU que llama impunemente cabronazo al Rey de España, al conocer que en ese informe de la Audiencia de Cuentas se denuncia que aún había siete organismos que permanecían “vivos” en el 2010,  pero que no tuvieron actividad alguna ni dieron palo al agua.  Cabe suponer que los mandamases del pacto o reparto de poder de CC y PSOE, habrán pensado que si un organismo público para la promoción de la Expo de Sevilla 92 aún se mantenía vivito, coleando y con los beneficiados cobrando sus nóminas, Canarias no toleraría ser ultra periférica en esas cuestiones.  Saben muy bien, porque lo han practicado siempre casi todos los que tocan poder, o colaboran para que otros lo tengan, que los amigos están para ser colocados, o recolocados si llega el caso, y que a ti te encontré en la calle.

Una veintena de ayuntamientos pasan olímpicamente de las peticiones de la Audiencia de Cuentas para que le remitan lo que la ley manda y aconseja el sentido común, si es que tal cosa existiera o existiese en política.  Unos 30 ayuntamientos no remiten información sobre el déficit, cuestión básica para poder seguir financiando unos más racionales y posibles servicios públicos para los ciudadanos, sin caer en el peligro de que un exceso de gasto les obligue a lo que en una empresa sería una quiebra.  Muchas personas ajenas a la forma de actuar de los partidos políticos, se preguntan si Paulino Rivero y su vicepresidente José Miguel Pérez, como máximos responsables del Ejecutivo Canario, que tiene la obligación formal de cumplir y hacer cumplir las leyes, los ha llamado al orden para ponerse al día con sus obligaciones.

La Audiencia de Cuentas, acorde a la Ley 4/1989,  les ha recordado a los incumplidores su incumplimiento “a fin de que tomen conocimiento y se proceda a la exigencia de las responsabilidades en que se hubiera incurrido”.  “¡Uy, qué miedo Caperú!” pensarán para sus adentros los aludidos, que no afectados ni temerosos por las consecuencias de su inacción.