Empresarios de ambulancias demandan una investigación sobre las urgencias sanitarias en el sur

Los empresarios sospechan que desde las dependencias policiales existen determinados servicios que favorecen a determinadas empresas de ambulancias, casualmente compuesta por familiares o amigos funcionarios públicos.

A tenor de las investigaciones realizadas por los afectados, estas indican que en la mayoría de los casos desde la Policía Local es habitual avisar a servicios concretos de urgencias sanitarias de carácter privado al mismo tiempo que son alertadas las ambulancias oficiales del 112 para cubrir el mismo incidente, con la intención de evitar posibles suspicacias que ha sido descubiertas por los afectados.

En su opinión, desde la Policía Local se podría estar alterando así las llamadas que deben efectuarse al servicio público del Gobierno de Canarias 112 sufragado a través de los presupuestos públicos para este cometido.

Además, invitan a los cargos políticos a que comprueben las grabaciones que se registran en la centralita de la comisaría para verificar los hechos, así como el encuentro de varias ambulancias en el mismo incidente.

En ningún caso, desde el Ayuntamiento se puede solicitar estos servicios a empresas privadas del ramo, salvo en casos excepcionales, sostienen los afectados, a la vez que recuerdan que esas fueron las afirmaciones del propio alcalde el pasado mes de mayo cuando se denunciaron los hechos.

Clan

El incremento de ambulancias es un negocio en auge en determinadas zonas del territorio nacional, sobre todo en los municipios turísticos, algunas de ellas nacidas al amparo de funcionarios relacionados con los servicios que prestan, y que forman parte de un clan de amigos y familiares que poseen otras adjudicaciones administrativas.

Los afectados han solicitado en varias ocasiones al alcalde de San Bartolomé de Tirajana y al propio concejal de Policía que se cumpla con la Ley y se exija a la sala operativa de la Policía Local que las llamadas no se alteren y siempre se realicen al 112.

En este sentido, han reiterado que sólo pretenden que se cumpla la Ley y no que se repartan los servicios entre el resto de empresas del sector.

Investigación

Por su parte, el concejal delegado de Policía, Ignacio Casteleiro, ha reconocido el malestar de los empresarios de las ambulancias por lo que se comprometió a iniciar una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

“He tenido bastantes quejas al respecto y parece que algunos están un poco al pesque”, señaló el edil en declaraciones a La Expresión, al tiempo que reiteró su intención en inspeccionar este servicio concreto de la Policía Local.

El concejal manifestó que existen instrucciones claras sobre el procedimiento a la hora de solicitar un servicio de ambulancias y resaltó que siempre debe hacerse en cumplimiento de la Ley vigente.

En este sentido, confió en que el jefe de servicio de turno realice siempre su cometido de manera correcta, se eviten “amiguismos” y se proceda según la normativa”, en caso contrario, advirtió, llegará hasta las últimas consecuencias contra aquellos que pudieran filtrar información sobre los servicios sanitarios.