De aquellos polvos...

(Las conclusiones entrecomilladas han sido obtenidas de investigaciones de los sociólogos Narciso Pizarro y Iago Santos Castroviejo.)

Durante la Transición Española, el periodo comprendido entre 1975 y 1978, el Estado español dejó de ser un régimen dictatorial y adquirió la legitimidad de un Estado social y democrático de Derecho reglado constitucionalmente. En la actualidad, ese régimen fundado en el cumplimiento de los derechos humanos y los fines democráticos, que tantas esperanzas concitó, parece inerme para afrontar los mayúsculos problemas de justicia social que atenazan al conjunto de la ciudadanía. Los preceptos, normas y garantías constitucionales cursan como mero papel mojado ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En el mismo diseño que se impuso para dar el paso de la dictadura a la democracia hubo importantes deficiencias. Ese proceso de cambio institucional, como es sabido, no fue ni revolucionario, ni rupturista. El pacto acordado permitió que los “niveles altos” de la sociedad -las personas y entidades en la cúpula de los poderes socioeconómicos- y los cuerpos administrativos del anterior modelo de Estado mantuvieran el protagonismo en las condiciones del trasvase de régimen y en los términos de su aplicación.

En torno a la situación histórica durante la Transición, sobre las características y los comportamientos de las elites de poder político y económico del momento se han constatado dos importantes hechos: “Que las dos fracciones de la elite de la Transición, la integrada por individuos que habían ocupado posiciones de poder durante el periodo de Franco y la compuesta por los nuevos dirigentes de la Transición, que no formaban parte de la elite en el periodo anterior, estaban estructuralmente integradas.” Es decir, que ambas mantenían fuertes ligazones. Y “Que las elites puramente económicas –empresarios– y las político-administrativas también estaban estructuralmente integradas, lo que (…) pone en cuestión la distinción entre Mercado y Estado (…) en el periodo considerado.”

Así que, más acá de la apología de una modélica transición a la democracia, no hubo discontinuidad en las cumbres del poder, sólo se modificaron sus envoltorios. Como tampoco en el funcionariado de la Administración pública hubieron depuraciones, exigencia de responsabilidades, substituciones o despidos, todos los altos cargos de las instituciones franquistas, empezando por propio Jefe del Estado, siguieron gozando de su empleo y poder. E, igualmente, en los niveles intermedios y subordinados.

El confiar el profundo cambio institucional que suponía el paso de una administración autoritaria a otra democrática, al mismo colectivo burocrático del anterior régimen, supuso un lastre mayor para alcanzar la calidad y la responsabilidad propias de una función pública regida por el imperio de la ley, orientada por el interés general y legitimada en el servicio a la ciudadanía soberana.  Las inercias de sumisión ante las jefaturas políticas y administrativas, de irresponsabilización ante el incumplimiento de normas y plazos, de indiferencia ante los derechos de los administrados han marcado sobremanera el día a día de las administraciones. Lo cual, a pesar la ética personal de múltiples funcionarios, explica la desafección de la ciudadanía hacia los estamentos y trabajadores públicos.

Cumplidas tres décadas desde la Transición, una férrea partitocracia usurpa las instituciones públicas. Mientras, la elite del poder económico en España, pervive formada por “(…) una exigua minoría, 1400 personas –un 0.035% de la población- que controla decisivamente el recurso económico fundamental (…), las organizaciones esenciales de la economía, y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente al 80.5% del PIB y (…) sobre el 28% del capital productivo de España.” Es decir, que han conseguido, hasta el presente, cambiarlo todo, para que nada cambie.

Por aquellos polvos, la transición, fracasada, devino en democracia fallida. Y los lodos que provocaron, son los que hoy nos mantienen embarrados en la corrupción institucional y atenazados al hundimiento económico a beneficio exclusivo de intereses autoritarios y asociales.

Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.