Los conservadores insisten en que "la mala imagen y la desconfianza están en la falta de modernización de la institución, que hace que canarios que han solicitado su amparo se han enfrentado a una administración auxiliadora tan lenta como aquellas que han provocado su petición de auxilio”
La portavoz de Nueva
Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Carmen Hernández, se ha unido a los
planteamientos del Grupo Popular a la hora de proponer una reforma de la
institución del Diputado del Común, aunque con el matiz de que los
nacionalistas de izquierda no han solicitado su desaparición.
Aprovechando que el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, presentó hoy el informe referido al año 2011, Hernández aseguró que “hay que repensar la institución, que está poco identificada y reconocida por los ciudadanos y además tiene escasa incidencia en las administraciones”.
Por su parte, el conservador Emilio Moreno fue más allá e insistió en que “lo demagógico es mantener esta institución carente de eficacia, eficiencia, funcionalidad y efectividad”.
Por ello, insistió en la idea defendida por el PP de que “los 60 diputados de la Cámara hagan las funciones del Diputado del Común, lo que supondría un ahorro” de dinero público.
Frente a las críticas de quienes, como el propio Saavedra, cuestionan que se apliquen “los injustos” criterios economicistas para defender la desarticulación de la Institución, Moreno recordó a los socialistas que esos mismos criterios son los que usa el PSOE y el presidente Paulino Rivero para pedir que desaparezcan las diputaciones provinciales.
“Casi tres millones de Presupuesto para tramitar 1.217 reclamaciones”, insistió Moreno, para quien lo que supone “una involución democrática no es que desaparezcan ciertas instituciones, sino mantenerlas de espaldas a la sociedad”.
INJUSTIFICADO RETRASO
Y es que tanto Moreno como la propia diputada de NC criticaron un hecho que Saavedra resaltó en su exposición: los retrasos del Diputado del Común a la hora de resolver las quejas de los ciudadanos.
“La mala imagen y la desconfianza están en la falta de modernización de la institución, que hace que canarios que han solicitado su amparo se han enfrentado a una administración auxiliadora tan lenta como aquellas que han provocado su petición de auxilio”, dijo Moreno.
Por su parte, Hernández enfantizó que “nos preocupan esos 114 expedientes vivos en asuntos de menores. Su resolución es un asunto inexcusable y prioritario para el Diputado del Común”.
Y es que, desde la tribuna de oradores, Saavedra se quejó de que se hayan dejado sobre la mesa sin resolver 729 quejas ciudadanas, algunas fechadas en 2005, y que su antecesor en el cargo, Manuel Alcaide, no hiciera lo suficiente por resolver las denuncias.
Además detectó un grave error en el funcionamiento de la institución, ya que no se daba cumplimiento al principal criterio de la tramitación, pues establece la ley que los procedimientos del Diputado del Común serán "sumarios".
Por ello, Saavedra confirmó que no solo se ha producido un deterioro de la imagen de la institución sino que, además, "se ha acrecentado la desconfianza sobre la misma", lo que unido al general desconocimiento de su existencia "arroja resultados inquietantes".
El informe detecta "un retraso en la tramitación de los expedientes" en la etapa de Alcaide y señala que "no parece de recibo que la administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden con sus últimas esperanzas, sea tan o más lenta en sus procedimientos, que aquellas que generaron el conflicto”.
La nacionalista Flora Marrero, sin embargo, defendió a la Institución y aseguró que “creemos en ella porque es necesaria y propicia la cercanía a la ciudadanía, además de que nos hace conocer las disfunciones de las administraciones”.
Al respecto, el socialista Manuel Fajardo cuestionó que “con la que está cayendo, la propia Administración autonómica sea la primera incumplidora”, pues “con carácter general, existe una excesiva lentitud de la Administración pública en todos sus niveles, cuando no un abuso del silencio administrativo” que perjudica a la ciudadanía.
OBSTRUCCIONISMO
Y es que Saavedra, como ya hiciera en junio durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria, resaltó que el Diputado del Común ha declarado “obstruccionistas” a los Ayuntamientos de La Orotava, La Oliva, Antigua, Pájara y Puerto del Rosario, además de a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma.
En concreto, el informe cifra en nueve el total de las notificaciones de obstrucción al alcalde orotavense, Isaac Valencia, y dos a la primera edil de La Oliva, Claudina Morales, ambos de Coalición Canaria (CC), por no colaborar con el Diputado del Común
El informe aclara que las dos declaraciones de obstruccionismo dictadas Morales, se refieren a dos expedientes diferentes mientras que “las 9 declaraciones de obstruccionismo dictadas contra” Valencia “se refieren a nueve expedientes idénticos que debieron ser tramitados como causa colectiva”.
En concreto, el artículo 34 de la Ley del Diputado del Común asegura que la “actuación de una autoridad, funcionario o empleado público, que dificulte, sin una justificación adecuada, la investigación de una queja, será considerada obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común y podrá hacerse pública de inmediato a través del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias”.
Igualmente, “dicha actitud podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”.
Por ello, Flora Marrero ha alentado a Saavedra para que “lleve a la Fiscalía” a los obstruccionistas, como ha hecho recientemente el Defensor del Pueblo con diez administraciones canarias.
1.217 QUEJAS
A lo largo de 2011 se presentaron ante el Diputado del Común 1.217 reclamaciones contra las actuaciones de las administraciones públicas. De ellas, se admitieron a trámite 824 quejas. Además se tramitaron siete expedientes de oficio desde la propia institución, y uno de ellos fue finalmente elevado al Defensor del Pueblo.
De mayor a menor, los ciudadanos tramitaron 130 quejas relacionadas con la administración de la Justicia, 106 reclamaciones por viviendas, 96 denuncias tienen que ver con Economía y Hacienda. Se aceptaron 86 quejas en materia de Trabajo y la función pública, otras 81 tienen que ver con los servicios públicos; 77 expedientes de investigación en el ámbito de los mayores.
Otras 70 reclamaciones fueron tramitadas contra los servicios de salud y Sanidad, fundamentalmente por las listas de espera.
Por administraciones, es la de la Comunidad Autónoma la que se lleva el grueso de las reclamaciones ciudadanas, con 582; las quejas contra los ayuntamientos fueron 313; contra los cabildos se registraron 36 demandas; a las Universidades canarias se dirigieron nueve reclamaciones, mientras que contra la Administración General del Estado se contabilizaron 202.
Aprovechando que el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, presentó hoy el informe referido al año 2011, Hernández aseguró que “hay que repensar la institución, que está poco identificada y reconocida por los ciudadanos y además tiene escasa incidencia en las administraciones”.
Por su parte, el conservador Emilio Moreno fue más allá e insistió en que “lo demagógico es mantener esta institución carente de eficacia, eficiencia, funcionalidad y efectividad”.
Por ello, insistió en la idea defendida por el PP de que “los 60 diputados de la Cámara hagan las funciones del Diputado del Común, lo que supondría un ahorro” de dinero público.
Frente a las críticas de quienes, como el propio Saavedra, cuestionan que se apliquen “los injustos” criterios economicistas para defender la desarticulación de la Institución, Moreno recordó a los socialistas que esos mismos criterios son los que usa el PSOE y el presidente Paulino Rivero para pedir que desaparezcan las diputaciones provinciales.
“Casi tres millones de Presupuesto para tramitar 1.217 reclamaciones”, insistió Moreno, para quien lo que supone “una involución democrática no es que desaparezcan ciertas instituciones, sino mantenerlas de espaldas a la sociedad”.
INJUSTIFICADO RETRASO
Y es que tanto Moreno como la propia diputada de NC criticaron un hecho que Saavedra resaltó en su exposición: los retrasos del Diputado del Común a la hora de resolver las quejas de los ciudadanos.
“La mala imagen y la desconfianza están en la falta de modernización de la institución, que hace que canarios que han solicitado su amparo se han enfrentado a una administración auxiliadora tan lenta como aquellas que han provocado su petición de auxilio”, dijo Moreno.
Por su parte, Hernández enfantizó que “nos preocupan esos 114 expedientes vivos en asuntos de menores. Su resolución es un asunto inexcusable y prioritario para el Diputado del Común”.
Y es que, desde la tribuna de oradores, Saavedra se quejó de que se hayan dejado sobre la mesa sin resolver 729 quejas ciudadanas, algunas fechadas en 2005, y que su antecesor en el cargo, Manuel Alcaide, no hiciera lo suficiente por resolver las denuncias.
Además detectó un grave error en el funcionamiento de la institución, ya que no se daba cumplimiento al principal criterio de la tramitación, pues establece la ley que los procedimientos del Diputado del Común serán "sumarios".
Por ello, Saavedra confirmó que no solo se ha producido un deterioro de la imagen de la institución sino que, además, "se ha acrecentado la desconfianza sobre la misma", lo que unido al general desconocimiento de su existencia "arroja resultados inquietantes".
El informe detecta "un retraso en la tramitación de los expedientes" en la etapa de Alcaide y señala que "no parece de recibo que la administración auxiliadora, aquella a la que los ciudadanos acuden con sus últimas esperanzas, sea tan o más lenta en sus procedimientos, que aquellas que generaron el conflicto”.
La nacionalista Flora Marrero, sin embargo, defendió a la Institución y aseguró que “creemos en ella porque es necesaria y propicia la cercanía a la ciudadanía, además de que nos hace conocer las disfunciones de las administraciones”.
Al respecto, el socialista Manuel Fajardo cuestionó que “con la que está cayendo, la propia Administración autonómica sea la primera incumplidora”, pues “con carácter general, existe una excesiva lentitud de la Administración pública en todos sus niveles, cuando no un abuso del silencio administrativo” que perjudica a la ciudadanía.
OBSTRUCCIONISMO
Y es que Saavedra, como ya hiciera en junio durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria, resaltó que el Diputado del Común ha declarado “obstruccionistas” a los Ayuntamientos de La Orotava, La Oliva, Antigua, Pájara y Puerto del Rosario, además de a la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma.
En concreto, el informe cifra en nueve el total de las notificaciones de obstrucción al alcalde orotavense, Isaac Valencia, y dos a la primera edil de La Oliva, Claudina Morales, ambos de Coalición Canaria (CC), por no colaborar con el Diputado del Común
El informe aclara que las dos declaraciones de obstruccionismo dictadas Morales, se refieren a dos expedientes diferentes mientras que “las 9 declaraciones de obstruccionismo dictadas contra” Valencia “se refieren a nueve expedientes idénticos que debieron ser tramitados como causa colectiva”.
En concreto, el artículo 34 de la Ley del Diputado del Común asegura que la “actuación de una autoridad, funcionario o empleado público, que dificulte, sin una justificación adecuada, la investigación de una queja, será considerada obstruccionista y entorpecedora de las funciones del Diputado del Común y podrá hacerse pública de inmediato a través del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias”.
Igualmente, “dicha actitud podrá ser puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”.
Por ello, Flora Marrero ha alentado a Saavedra para que “lleve a la Fiscalía” a los obstruccionistas, como ha hecho recientemente el Defensor del Pueblo con diez administraciones canarias.
1.217 QUEJAS
A lo largo de 2011 se presentaron ante el Diputado del Común 1.217 reclamaciones contra las actuaciones de las administraciones públicas. De ellas, se admitieron a trámite 824 quejas. Además se tramitaron siete expedientes de oficio desde la propia institución, y uno de ellos fue finalmente elevado al Defensor del Pueblo.
De mayor a menor, los ciudadanos tramitaron 130 quejas relacionadas con la administración de la Justicia, 106 reclamaciones por viviendas, 96 denuncias tienen que ver con Economía y Hacienda. Se aceptaron 86 quejas en materia de Trabajo y la función pública, otras 81 tienen que ver con los servicios públicos; 77 expedientes de investigación en el ámbito de los mayores.
Otras 70 reclamaciones fueron tramitadas contra los servicios de salud y Sanidad, fundamentalmente por las listas de espera.
Por administraciones, es la de la Comunidad Autónoma la que se lleva el grueso de las reclamaciones ciudadanas, con 582; las quejas contra los ayuntamientos fueron 313; contra los cabildos se registraron 36 demandas; a las Universidades canarias se dirigieron nueve reclamaciones, mientras que contra la Administración General del Estado se contabilizaron 202.
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