El Gobierno elige los servicios sociales para iniciar la reestructuración de las competencias locales

Desechado el comité de expertos para abordar de forma global la reestructuración competencial de los tres niveles de la Administración canaria, el Gobierno canario ha decidido crear “grupos de trabajo específicos” para analizar cada competencia por separado y pactar, con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), “el traspaso de competencias”.

Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, cuando anunció que “serán los servicios sociales los primeros en ser diseccionados para ver cómo se prestan las competencias con mayor eficiencia”.

Con todo, Spínola aseguró que pese a que existe un compromiso del Ejecutivo de remitir al Parlamento en esta legislatura la reforma de la Administración en Canarias, la misma “no se presentará antes de que el Estado apruebe la reforma de la Ley de Bases de la Administración Local”.

“Es preciso acometer, sin duda ,una reforma de la legislación básica de la administración pública, pero con consenso y respetándose el modelo específico de Canarias y los 88 ayuntamientos que hay en Canarias”, ha afirmado.

Y es que Spínola ha reiterado que “en Canarias no sobra ningún ayuntamiento”, aunque reconoció que “otra cosa es que deba haber servicios compartidos para incrementar la eficiencia”.

Así respondió el consejero al presidente del Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Ruano, quien pidió la comparecencia para debatir sobre las medidas estatales de reducción del sector público local que tiene previsto acometer el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

RECENTRALIZACIÓN

Un proyecto que, para Ruano, supone “un proceso de recentralización y rompiendo el pacto político de la Transición”.

En parecidos términos se pronunció el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, para quien “no hay ni uno solo de los decretos leyes aprobados por el Gobierno del PP que no tengan como norte los recortes y la recentralización”.

“Si hay que desprestigiar a los ayuntamientos y comunidades, pues se los desprestigia”, insistió Rodríguez, aunque se haya demostrado que los ayuntamientos no son culpables del déficit de España “pues solamente aportan el 3 por ciento de la deuda total”.

La diputada conservadora Águeda Montelongo renegó de estas acusaciones, e insistió en que el proyecto del Estado “no prevé la eliminación de ningún municipio” y solamente busca “un ahorro de 3.500 millones de euros aplicando el principio de una administración, una competencia”.

Sin embargo, el consejero de Presidencia reiteró que “desde la llegada del PP al Gobierno de España cada una de las propuestas y acciones relativas al sector público local, extrapolable al autonómico, está inspirada en aumentar el control sobre las competencias, la gestión y la toma de decisiones de la administración local y autonómica”.

“Bajo el paraguas de la estabilidad presupuestaria y el control del déficit, el Gobierno de España poda el margen de maniobra que otorga a los ayuntamientos la autonomía local y el Estado de las autonomías”, concluyó.