Fajardo explica los presuntos delitos en el caso "Turismo"

MASPALOMAS AHORA.- Levantado el secreto de sumario, el pasado día 11 de octubre, Fajardo Feo dio cuenta de los hechos que han sido conocidos por el Gobierno de Canarias hasta este momento, tras la denuncia formulada por el Sr. Sánchez Ortega, administrador mercantil de Viajes Tindaya S.L. El consejero de Turismo explicó que "los hechos manifestados en la denuncia presentada el día 25 de abril de 2006 ante la Jefatura Superior de Policía, venía a relatar que le fue solicitado por el funcionario de la Consejería de Turismo, Enrique Barreda, supuestamente competente para la tramitación de los expedientes de apertura de agencias de viajes, el pago de la cantidad de 16.000 euros por las gestiones necesarias para agilizar la apertura de una agencia de viajes en Las Palmas de Gran Canaria, siendo más las agencias de viajes, según información del denunciante, afectadas por este sistema de cobro de gestiones que encubrirían un supuesto soborno, sin que ni siquiera se hubieran realizado los trámites de apertura de la pretendida agencia de viaje". Manuel Fajardo enumeró a los denunciados "siendo Enrique Barreda Alemán, funcionario de carrera, que ocupa el puesto de trabajo de jefe de Negociado de Acción Turística de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo, y Pedro Quevedo Neyra, supuesto gestor de seguros, que no ostenta la condición de empleado público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al que le une con el anterior una relación familiar". En este sentido, indicó que "cinco funcionarios y personal laboral figuran en la causa en calidad de imputados, pero sin que se haya formalizado la imputación por auto firme, señalándose el próximo día 17 de noviembre de 2006 para celebrar comparecencia a fin de concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación, a cuyo fin ha sido citado el Ministerio Fiscal, los imputados y todas las partes y perjudicados". El auto de fecha 26 de octubre de 2006 de la jueza de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria acordó transformar las diligencias previas en procedimiento ante el Tribunal del Jurado, al deducirse como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, indicios reveladores de delitos de cohecho, fraude, y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por el principal imputado, Enrique Barreda Alemán, en su condición de jefe de Negociado de Agencias de Viajes, así como la posible participación de otros funcionarios públicos o personal laboral de la Consejería de Turismo, auxiliando al anterior en la presunta comisión de tales delitos, o interviniendo directamente como autores de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos o expedientes públicos a su cargo. Respecto a estos delitos conexos, el consejero de Turismo manifestó que se imputa inicialmente a dos personas, que no ostentan la condición de funcionarios públicos, su presunta participación en los delitos anteriores y la comisión de numerosas estafas en connivencia con Enrique Barreda Alemán, pudiendo además, pese a su condición de particulares, cometer los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, y fraudes y exacciones ilegales, imputándose además a Pedro Quevedo un presunto delito de usurpación de funciones públicas y la imputación junto a Barreda Alemán, de delitos de estafas a empresas del sector y presunta falsedad documental. Manuel Fajardo Feo aclaró que "el Gobierno ha guardado un silencio impuesto por la investigación policial y, posteriormente por el secreto sumarial decretado, desde que conoció, el pasado 20 de marzo de 2006, en una reunión de trabajo en el despacho de la viceconsejera de Turismo, con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Las Palmas, un comentario realizado por éste relativo a la existencia de fundadas sospechas de irregularidades por parte de algún funcionario, trasladándole a la viceconsejera de Turismo su creencia de que tales hechos estaban siendo objetos de investigación policial". El consejero de Turismo explicó que "ante la gravedad del comentario, la viceconsejera me informó puntualmente y yo le di instrucciones de informar directamente, a su vez, al director general del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias quién decidió con carácter inmediato informar a la Jefatura Superior de Policía". Manuel Fajardo anunció a la Cámara que desde el Gabinete del Presidente se dieron instrucciones a la Consejería de Turismo en el sentido de evitar cualquier actuación o comentario que pudiera alertar a los funcionarios implicados, así como de adoptar medidas de aseguramiento de los expedientes que pudieran ser de interés para la investigación policial. El Gobierno y, por ende, la Consejería de Turismo mantiene una actitud prudente y de máxima discreción con el fin de evitar cualquier actuación interna que pudiera dar al traste con la investigación policial". Una vez incorporado a su puesto de trabajo, de su última baja laboral, uno de los imputados, el Sr. Barreda Alemán, el director general de Ordenación y Promoción Turística y a instancias del consejero, pidió al jefe de Servicio de Acción Turística un seguimiento del cumplimiento de sus obligaciones en materia de horario, asistencia al trabajo y rendimiento "toda vez que se había observado que, en algunas ocasiones, no se encontraba en su puesto de trabajo pese a figurar en el control horario mediante el fichaje, y es posible que, el verse sometido a la comprobación de sus posibles incumplimientos funcionariales, le llevara a albergar sospechas de que se le estaba investigando", indicó. Una vez producidas las detenciones, la Consejería de Turismo desplegó una serie de actuaciones "con el objetivo de prestar la máxima colaboración con la investigación y salvaguardar el interés general al que sirve la Administración Autonómica, como fue la remisión de documentación al Juzgado, el control de acceso a las dependencias de la Consejería de Turismo fuera del horario de trabajo, y, como medida provisional, apartar al funcionario Enrique Barreda Alemán de sus funciones y destinarlo a otra unidad administrativa distinta". Por último, el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias quiso dejar claro que "siempre que se ha tenido conocimiento directo, bien mediante actas de inspección, o por petición de otro órgano administrativo, o conocimiento indirecto de denuncias, quejas o reclamaciones, como ha sido el caso de las denuncias formuladas por la Asociación de Agencias de Viajes de Las Palmas sobre actuaciones o actividades sin la preceptiva autorización administrativa, como fueron las sucesivas denuncias de que se pudiera estar autorizando la apertura de agencias de viajes en régimen de franquicia en Canarias, lo cual no tiene cabida en la normativa autonómica, se procedió a sustanciar el correspondiente procedimiento sancionador". Además, explicó que "tales denuncias, hasta el 20 de marzo de 2006, fecha en la que fue comentado por el presidente de dicha Asociación a la viceconsejera verbalmente, nunca pusieron de manifiesto irregularidades cometidas por algún funcionario o personal de la Consejería de Turismo en el ejercicio de sus funciones, pues, como no podía ser de otra manera, habría derivado inmediatamente en la exigencia de las responsabilidades pertinentes", concluyó.