Bravo de Laguna anuncia que “probablemente” tenga que aplicar “medidas de austeridad” al personal laboral del Cabildo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, reconoció este mediodía tras la celebración del acto conmemorativo de centenario de los Cabildos, que “probablemente” tenga que aplicar “medidas de austeridad” a los funcionarios y personal laboral del Cabildo, a pesar de que hasta el momento se había negado a reducir el sueldo a su personal según los parámetros marcados por los gobiernos nacional y regional.

Bravo de Laguna explicó, en relación a los nuevos recortes anunciados hoy por el presidente español, Mariano Rajoy, que afectan también al poder adquisitivo del personal funcionario y laboral de las administraciones públicas, que "vamos a ver la obligatoriedad a la que estamos sometidos en esta cuestión". 

Sí afirmó que "lo que son los cargos políticos estoy seguro que nos someteremos al criterio oficial, y en cuanto al resto, en principio he mantenido la idea de mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y personal laboral del Cabildo". Porque "hay que partir de la base que la realidad económica del país es la que es, pero que la de las instituciones también es diferente". 

El presidente insular defendió que el gasto del Cabildo de Gran Canaria en Personal "es moderado, no excede el 25 por ciento del presupuesto". En total, suman unos 3.000 empleoados, frente "a los más de 5.000 del Cabildo de Tenerife", por lo que "no es justo aplicar las mismas medidas unos a otros". No obstante, reconoció entender que desde el Gobierno español "no se apliquen excepciones y probablemente tendremos que aplicar medidas de austeridad a unos y a otros". 

Para Bravo de Laguna las medidas anunciadas hoy están justificadas porque "sin duda la situación económica de España es difícil, ya que vive una crisis aguda, que exige la aplicación medicinas dolorosas y permanentes”. Las medidas “son duras”, pero se mostró seguro de que “la inmensa mayoría del pueblo español entenderá que el gobierno no tenía más remedio que adoptarlas, ya que la alternativa a eso podría ser peor", al arriesgarse a "una intervención de España, que dado el nivel de endeudamiento del sector público y privado, sería todavía más fuerte”.