Rodríguez pierde la demanda por despido improcedente

Rodríguez, quien fue despedido en junio de 2011 como cargo de confianza por la exalcaldesa María del Pino Torres (NC) tras perder la elecciones, optó por demandar al Ayuntamiento por despido improcedente y al Fondo de Garantía Salaria (FOGASA).

El pasado 14 de octubre de 2011, el Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria dictó una sentencia en la que declaró improcedente el despido por entender que, a pesar de existir un nombramiento como personal eventual, había quedado acreditada la existencia de relación laboral entre las partes y la inexistencia de causa que justificara su cese.

Rodríguez, que ejercía de abogado, fue contratado como Asesor de Actividades Culturales pero desempeñaba otras funciones, y percibía un sueldo de 3.042,28 euros mensuales desde el 5 de julio de 2007 hasta el 10 de junio de 2011.

Dependencia

Sin embargo, la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia en su fallo del pasado día 29 de mayo, a la que ha tenido acceso La Expresión, indicó una vez examinado el contenido de las funciones efectuadas por Rodríguez que las actividades desempeñadas ni entraron en el ámbito administrativo, ni sobrepasaron las propias del personal de confianza.

En este sentido, aunque reconoce la sala que existía dependencia, entiende que era de carácter político y de los acuerdos del pleno: “era la típica dependencia y subordinación inherentes a la relación laboral”, precisó.

Por este motivo, el alto tribunal justifica que no existía relación laboral y, por lo tanto, tampoco puede existir despido.

La sala advirtió al demandante que debe acudir a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo para obtener la solución del conflicto planteado.

Demandantes de NC

En una situación similar y a la espera de que se pronuncien definitivamente los tribunales se encuentran las demandas planteadas por otros tres cargos de confianza de Nueva Canarias en el pasado mandato, y que fueron cesados también el pasado 10 de junio de 2011 cuando la alcaldesa culminó el mandato.

Los demandantes son Juan Manuel Gabella, Ricardo Jiménez y Gemma Pestana, ésta última nuera de la exalcaldesa que entró en el Ayuntamiento en enero de 2006, tras la moción de censura contra Marco Aurelio Pérez.

Pestaba, que percibía un salario de 90,90 euros diarios, tiene una sentencia favorable por despido improcedente, y recurrida por el Ayuntamiento. La resolución judicial fue dictada el pasado mes de noviembre de 2011 y falla contra el Ayuntamiento a su readmisión o el pago de una indemnización de 22.245,60 euros.

Por su parte, Ricardo Jiménez reclamó al Ayuntamiento desde el pasado 13 de junio de 2011 la inmediata readmisión a su puesto de trabajo por el percibía una retribución mensual de 1.852,72 euros.

El demandante fue contratado desde agosto de 2006 como responsable de actividades de festejos culturales y ocio.

Sin embargo, señaló que las funciones que constaban en nómina eran las de auxiliar administrativo, labores que nunca realizó.