El IGIC subirá en Canarias a partir del 1 de julio y las modificaciones del IRPF se retrotraen a enero

Sin ninguna sorpresa sobre el guión previsto, y con la oposición de los grupos Popular y Mixto (NC-PIL), el Gobierno de Rivero ha sacado adelante la Ley que, entre otras cuestiones, sube el Impuesto General Indirecto (IGIC) y crea nuevas figuras impositivas, como la referida a las telecomunicaciones, que afectará a la factura de los ciudadanos.

Una Ley, calificada de “atropello” por el portavoz del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, hacia “los ciudadanos, los empresarios, los autónomos y los funcionarios de la Comunidad Autónoma”.

Por ello, Rodríguez ha insistido en que los conservadores no han querido presentar ninguna enmienda parcial, pese a haberlo hecho a la totalidad, para “no legitimar un proyecto improvisado, que busca el recorte por el recorte” y, además, “vulnera la Ley del REF”.

“Esto huele mal, muy mal”, afirmó el portavoz de los conservadores, pues la Ley convierte a Canarias, “en la primera en el pago de impuestos, después de Cataluña”.

Por tanto, solo Coalición Canaria y PSC han apoyado que a partir del próximo 1 de julio y con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5 por ciento actual al 7 por ciento, elevará el establecido con el 2 por ciento al 3 por ciento, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5 por ciento los tipos vigentes del 9 por ciento y el 13 por ciento.

Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyas modificaciones se computarán en la práctica desde el 1 de enero de este año gracias a una enmienda ‘in voce’ presentada por CC, se aumenta la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5 por ciento al 22,58 por ciento. 

También se elimina la actual bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano, establece la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible. 

También el Ejecutivo canario instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras y se establece el impuesto a grandes superficies.

Impuestos “de dudosa legalidad”, según fueron calificados por el portavoz de los conservadores, que volvió a anunciar una futura “conflictividad” jurídica en torno a los mismos.

Junto a las medidas fiscales, el gabinete que preside Paulino Rivero también incluye recortes que incluyen la rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los empleados públicos, la reestructuración de la organización y funciones de distintos organismos públicos y órganos administrativos de la Administración Pública, y se establece el régimen básico de la constitución o participación de la Administración Pública canaria y de las entidades públicas o privadas integrantes del sector público autonómico en cualquier consorcio.

Asimismo recoge medidas para la racionalización y distribución de empleados públicos, la modificación de la Ley de la Función Pública Canaria en materia de jubilación, permisos, licencias y duración de los procesos selectivos y concursos de méritos y se realizan varias modificaciones legales tendentes a la reducción transitoria de las retribuciones del personal.

Por último, el texto recoge distintas modificaciones de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Sin embargo, estas medidas no han concitado el apoyo de los grupos de la oposición, pese a que el socialista Emilio Mayoral aseguró que “es lo que toca hacer, y no se puede hacer otra cosa”.

Y es que los grupos del Pacto han insistido durante todo el debate en que hay que ‘cuadrar’ las Cuentas autonómicas, que deben cumplir con el Plan Financiero de Canarias 2012-2014, ratificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid el pasado mes de mayo, haciendo frente además al recorte de 800 millones de minoración en la financiación del Estado en los Presupuestos de 2012.

“No es bueno hacer reducción de gastos, pero tampoco bajar impuestos y subir el sueldo a los funcionarios a la vez. Eso no cuadra ni a tiros, y no se puede hacer demagogia”, afirmó Mayoral.

Una tesis que no comparte el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, pues “no funciona para solucionar la crisis económica a través de los planes de estabilidad”.

Rodríguez, que defendió las 24 enmiendas parciales al texto del Gobierno y que no consiguió respaldo a ninguna, insistió en que “esta estrategia interesada y conservadora de abordar la crisis con el ajuste es un fracaso”.

“Y menos mal que se están replanteando desde el G-20 hasta el FMI que la crisis se agrava con esta política porque la austeridad debilita el consumo”, afirmó.

El nacionalista José Miguel Barragán aceptó, como Rodríguez, que esta política que está marcada por Alemania no sirve para salir de la crisis, pero aseguró al líder de NC que “usted, sentado en un Consejo de Gobierno, y por responsabilidad, también lo habría hecho”.

“Si cae el Estado, caemos nosotros también, porque no se salva ninguna comunidad autónoma”, afirmó Barragán, quien concluyó reconociendo que “las decisiones son dolorosas y difíciles, pero por responsabilidad ha habido que adoptarlas”.