El Gobierno salva el primer trámite para subir impuestos y aplicar recortes a partir del 1 de julio

Los grupos que sostienen al Gobierno regional (CC-PNC-CCN y PSC) han rechazado las dos enmiendas a la totalidad (PP y Mixto) a las que este viernes se enfrentaba el proyecto de Ley que va a subir los impuestos y aplicar recortes en el gasto público.

Como curiosidad, los tres diputados del Mixto se abstuvieron a la enmienda presentada por los conservadores, que se rechazó por los 34 votos del Pacto. Sin embargo, los conservadores sumaron sus votos CC y PSC para rechazar la enmienda a la totalidad de NC-PIL por 54 votos en contra, 1 abstención y solo los tres votos favorables del Mixto

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Por tanto, el proyecto de ley se aprobará definitivamente el próximo jueves, para que entre en vigor el 1 de julio, aunque el Gobierno está abierto a negociarlo en parte, y ligeramente, con el Grupo Mixto durante el trámite de enmiendas parciales, ya que el PP no ha presentado ninguna modificación particular, tal y como quedó de manifiesto en el transcurso del debate de hoy.

Unas enmiendas presentadas, incluso, por los socios del Pacto y que van encaminadas a incluir cambios sustanciales en los nuevos impuestos medioambientales que reducen su impacto sobre las empresas afectadas, sobre todo las grandes superficies.

Un texto, calificado como “un bodrio” por el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y que desde la tribuna de oradores aseguró que “animo al Gobierno del Estado a que la recurra” ante el Tribunal Constitucional.

Una Ley que, según el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, “no ha sido consensuada” ni con los partidos políticos ni con los sectores empresariales y sindicales y que, además, “será un fracaso” porque “no se van a cumplir los objetivos del déficit”.

Unos argumentos rechazados tanto por los consejeros Francisco Hernández Spínola (Presidencia) y Javier González Ortiz (Economía y Hacienda) como por los portavoces parlamentarios del Pacto, el socialista Emilio Mayoral y el nacionalista José Miguel Barragán.

“Lo que nos obliga a subir los impuestos es el recorte de 800 millones de euros en los Presupuestos del Estado”, afirmó Ortiz.

“No vamos a desmantelar la Administración pública y no vamos a contribuir al paro, aunque somos conscientes de que pedimos un nuevo sacrificio al capital humano de la Administración”, remachó Spínola.

Como suele ser habitual en los debates parlamentarios referidos a la crisis y las medidas adoptadas para intentar remediarla, el Gobierno y el principal partido de la oposición se intercambiaron reproches por las fórmulas adoptadas y por hacer en Canarias un planteamiento distinto que el que se lleva a cabo en el Estado.

Así, González Ortiz afirmó que “si no se cumple el déficit nos enfrentamos a una posible intervención de las Cuentas Públicas” por parte del Estado, mientras que Spínola replicó a Pérez-Camacho que “en palabras del ministro Montoro, ‘los hombres de negro’ vendrían a Canarias”.

Por su parte, Mayoral y Barragán recordaron que las decisiones en las Islas son directamente proporcionales a las “más de 19 decisiones” adoptadas por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y que, en la pasada legislatura, criticaron que adoptara José Luis Rodríguez Zapatero.

“Ajustar ingresos, subir impuestos o ambas cosas”, dijo Mayoral, a lo que Barragán remató que “vamos a subir impuestos igual que lo van a hacer ustedes”.

Por el contrario, el portavoz conservador insistió en que las medidas que se van a poner en marcha en Canarias a partir del próximo 1 de julio, “se van a perder 6.000 puestos de trabajo en este año, 15.000 en el año 2013 y va a costar 1,2 puntos al PIB de la Comunidad Autónoma”.

Todo ello porque “nos van a freír a impuestos” en vez de suprimir la Policía y la Televisión canarias, cuya disolución sería “igual al incremento impositivo que van a aprobar”.

Para el líder de NC, el texto defendido por el Ejecutivo canario es “una autoenmienda a la totalidad” de los Presupuestos de Canarias para 2012 aprobados en diciembre y que, además, es una Ley que “es improvisada” y “no ha medido el impacto” que va a tener en la sociedad.

“Digan la verdad, aquí hay bajada de salarios y limitación de creación de empleo, lo que afecta a los servicios públicos”, dijo Rodríguez.

Argumentos que fueron desestimados por los consejeros y los portavoces del PSC y CC, que han acusado directamente al recorte de los Presupuestos del Estado de ser el culpable de que Canarias deba buscar 800 millones de euros adicionales en tan solo seis meses.

Así, Barragán achacó al PP que resumiera el debate “en el chascarrillo” cuando “afuera la gente lo está pasando realmente mal”.

“El edificio está ardiendo, y no vale discutir ahora si la manguera tiene que ser más grande o más pequeña, si queremos cumplir los objetivos del déficit debemos adoptar medidas”, dijo Barragán.

Unas medidas que el nacionalista defendió frente a las que han puesto en marcha las autonomías que están gobernadas por el PP, como la “eliminación de médicos o cobrarle a las personas la prestación farmacéutica”, lo que en las Islas se ha rechazado.

“¿Qué quiere el PP, que no adoptemos ninguna medida y por eso no presentan ninguna alternativa?, echó en cara a Pérez-Camacho.

Por su parte, el socialista Mayoral aseguró que, por ejemplo, las medidas adoptadas “evitan el copago” sanitario, como se ha instaurado en las comunidades gobernadas por el PP y distribuye el esfuerzo entre todos los sectores de la sociedad sin abrir la puerta a un despido masivo de funcionarios de la Comunidad Autónoma.

“Entre todas las alternativas, el Gobierno ha escogido la que más equilibra los esfuerzos entre toda la sociedad”, dijo Mayoral, que posteriormente hizo un pormenorizado análisis de las propuestas de reducir la Administración pública que ha estado haciendo el PP para demostrar que no cubrirían el ‘agujero’ estatal de 800 millones de euros.