La CCE exige a Rivero que retire el Proyecto de Medidas Administrativas y Fiscales

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha hecho este miércoles un llamamiento al Gobierno de Canarias y a los grupos del Parlamento de Canarias para que retire, en un caso, o devuelvan, en el otro, el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales "por responsabilidad con Canarias y porque rompe con el REF y con nuestros fueros históricos".

El presidente de la patronal de Las Palmas, Sebastián Grisaleña, ha reclamado que el Proyecto "no salga adelante" porque "no es el momento apropiado para implantar esta nueva fiscalidad". "Estamos ante un Proyecto de Ley que, de aprobarse, no sólo no contribuirá a que Canarias salga de la crisis, sino que hará justamente todo lo contrario. Nos dejará peor que lo que estamos", advirtió.

A juicio de Grisaleña, las medidas que contempla el Proyecto del Ejecutivo de Paulino Rivero son "improvisadas y sin calibrar sus consecuencias".

El presidente de los empresarios de Las Palmas incidió en que el Proyecto "rompe con el REF y con nuestro fuero histórico, lo que ocasionará perjuicios a la hora de negociar su renovación". "¿Cómo vamos a pedir a Bruselas la continuidad de una herramienta fiscal, que consideramos estructural, si ni siquiera el Gobierno de Canarias la respeta?", se preguntó.

Grisaleña ejemplificó esa 'ruptura' con el Régimen Económico y Fiscal al calificar de "incongruente que, por una parte, el Gobierno solicite la bonificación de las tasas aeroportuarias para acercar el turismo a Canarias y por otra, suba el IGIC del sector turístico del cinco por ciento actual al siete por ciento eliminando prácticamente el diferencial fiscal con la Península", cuyo mantenimiento es la razón de ser del REF.

Como primera cuestión, la CCE está en contra "de las formas y el fondo de este proyecto". Las primeras "porque no estamos de acuerdo de cómo se ha tramitado, y el fondo porque discrepamos de su contenido". Además, la Patronal se muestra "sorprendida" porque en anteriores ocasiones el Ejecutivo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales "para acercar posturas" y "esta vez no se ha hecho". Aunque este hecho "no romperá el diálogo" entre ambas partes. Grisaleña considera que no existen razones para que se rompa "la relación histórica" que tienen y que "vamos a seguir teniendo". 

Los empresarios recuerdan que "siempre" han estado dispuestos a llegar a "un punto de encuentro", pero esta vez no ha sido así, lo que demuestra que "las formas no han sido las adecuadas". 

Los empresarios critican que desde "el anteproyecto al proyecto han habido muchos cambios y múltiples versiones", lo que en su opinión "deja claro que el Gobierno tiene muchas dudas de lo que está haciendo", y que además "carecen del debido fundamento jurídico y económico". Esto generará "mucha incertidumbre e inseguridad" y su aplicación, vaticina la Patronal, "puede generar más perjuicios que beneficios a las arcas de la comunidad autónoma". Un perjuicio que "pagaríamos todos los canarios".

FONDO 

En cuanto al fondo, las medidas de este Proyecto de Ley "agravarán la crisis, dañarán enormemente a la actividad económica y generarán más paro". Como ejemplos de medidas que provocarán estos efectos citó Grisaleña que "se retiran recursos de la economía productiva", lo que frenará el consumo; "se desinsectiva la inversión empresarial", "se provoca la deslocalización y fuga de empresas, se aumente el coste de la cesta de la compra, se disminuye la demanda y se castiga al comercio". Todas pueden "condenar" a muchas empresas "al cierre y a la pérdida de puestos de trabajo". 

Ya la sectorial de grandes superficies adelantó que en este sector puede suponer 800 empleos menos. Grisaleña, en la rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, señaló que aunque la Patronal no tiene un cálculo aproximado de los efectos en los puestos de trabajo en todos los sectores, sí ve adecuadas estas cifras. 

La Patronal se muestra especialmente crítica porque el Gobierno de Canaris no incorpora en este Proyecto "medidas que reduzcan el gasto público estructural, no aborda la imprescindible reforma de la Administración Pública, contraviene el REF, incorpora nuevas tasas, supone una fuerte subida del impuesto sobre combustibles y no elimina el gasto superfluo, además de no apostar por la inversión productiva". 

PATRONAL TINERFEÑA

La Patronal de Las Palmas se ha reunido con todos los partidos políticos con representación parlamentaria para trasladarles su postura. Encuentros en los que "todos nos han dado la razón", pero el lunes terminó el plazo de presentación de enmiendas y todas sus demandas no se recogen en las presentadas por las distintas formaciones. 

A estas convocatorias no se ha sumado la Patronal de Tenerife, de quien el presidente Grisaleña señaló que "aparentemente están en esta línea, pero públicamente no han dicho nada".

El presidente de la Patronal de Las Palmas aseguró que el diálogo entre ambas organizaciones es "fluido" y la relación "buena", pero en esta cuestión "nuestra gente puede que haya sido más agresiva", en referencia a los presidentes de las sectoriales en la provincia occidental.