El Gobierno estudia la suspensión de las actuaciones administrativas afectadas por la Ley de Costas en Canarias

El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inajara, estudiará la suspensión de las actuaciones administrativas que se están llevando a cabo en Canarias con motivo de la aplicación de la actual Ley de Costas, la cual afecta a más de 160.000 personas.

Así lo manifestó hoy, en rueda de prensa, el abogado y representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc), José Luis Langa González, quien compareció ante los medios junto con la senadora por Tenerife, Luz Marina Socas, para explicar el contenido de la primera reunión que el actual director general de Costas mantiene con representantes canarios.

La aplicación de la retroactividad de la actual Ley de Costas ha sido “nefasta y el pueblo canario ha sido ferozmente atacado en su patrimonio”, aseguró Langa González, quien indicó que la reunión, que tuvo lugar el 7 de junio, ha sido vital para poner el foco sobre Canarias y su problemática, y se ha plasmado con la disposición de Saavedra de suspender las actuaciones administrativas que están en marcha y que afectan a distintas poblaciones en el Archipiélago.

Además, aseguró el letrado, “se nos informó de que el anteproyecto para la nueva ley estará este mes de julio y Saavedra dijo que antes de final de año podría ya haber una nueva ley”, lo que significa, añadió Langa, “que vamos a tener que estar muy pendientes para que en esa nueva ley se recojan las peticiones que hemos hecho desde la asociación que represento y, sobre todo, para se anule la actual e injusta retroactividad de la norma”.

Asimismo, Langa aseguró que en el Parlamento de Canarias se aprobó en septiembre y por unanimidad iniciar contactos con el Estado mediante una comisión mixta, de la que el director general “aseguró no tener noticias y que, sin embargo, hoy mismo me han dicho en la Cámara regional que si se ha informado al Ministerio”, matizó el abogado sin hacer más comentarios. 

En Canarias hay cerca de cincuenta zonas afectadas, entre ellas Igueste de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Santa Lucía (Güimar) y Los Roques, (Fasnia), en Tenerife: Ojos de Garza (Telde) y La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria; Valle Gran Rey en La Gomera; Fuencaliente en La Palma y El Golfo en Lanzarote, por citar solo algunos enclaves.

Dada la situación, Langa indicó que “desde la asociación que represento me comprometo a seguir muy de cerca el anteproyecto para la nueva ley y esperamos que ésta vaya en línea con nuestras peticiones, pues de no ser así, nosotros seguiremos luchando para evitar estas injusticias sobre Canarias”, teniendo en cuenta, añadió el abogado, que “somos la comunidad autónoma más afectada, con diferencia, de toda España”.

Por su parte la senadora por Tenerife de CCN, adscrita al Partido Popular, Luz Marina Socas, quien acompañó a José Luis Langa en la reunión en Madrid, afirmó que desde el Gobierno del Estado hay una gran sensibilización por la situación sobre costas de Canarias y que “se pondrá la atención sobre nuestro Archipiélago para la aplicación de la nueva ley por la casuística que presenta”.