NC asegura que la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales generará más paro

Los diputados de Nueva Canarias, Román Rodríguez y Carmen Hernández, rechazan la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales propuesta por el Gobierno de Canarias, porque "generará más paro y deprimirá más la economía, y deteriorará más los servicios públicos del Archipiélago. En consecuencia anunciaron una enmienda a la totalidad con solicitud de devolución del texto2.

“Da carta blanca” al Gobierno para reorganizar los servicios públicos a costa de la calidad de estos, además de cambiar decenas de leyes. “Toca todas las figuras fiscales” en las que el Gobierno tiene competencias, incluso genera nuevos tributos, “algunos de ellos interesantes pero discutibles, que bien merecerían un buen debate y, a ser posible, un buen acuerdo”, apuntó el portavoz, Román Rodríguez.

Precisamente las formas en la que se ha tramitado esta ley por parte del Gobierno de Canarias es otra de las razones por las que Nueva Canarias la rechaza. Se hace por un procedimiento abreviado y urgente, eliminando la posibilidad de participación real a la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicales y empresariales y a la oposición, “a la que se le limita el tiempo para analizar, contrarrestar y mejorar” la propuesta. “En quince días se va a despachar la norma “más relevante en la historia del autogobierno”, en relación a los cambios en la estructura administrativa y sistema fiscal, lo que ha concitado las críticas del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo.

“Sin acuerdos es muy difícil aceptar estas políticas” que van a significar 563 millones de euros de recortes del gasto aprobado en enero en los presupuestos de la Comunidad Autónoma que “van a impactar en la cantidad y la calidad de los servicios públicos que se presta a los ciudadanos”. 

En este punto Rodríguez especificó que 222 millones se detraen del Capítulo I, personal, de los que 112 es la reducción de la masa salarial en un cinco por ciento, que en términos prácticos será un 10 por ciento de aquí a final de año, ya que se aplica en sólo seis meses. Una rebaja que Nueva Canarias entiende “injusta y exagerada” porque carga sobre los empleados públicos el peso de los recortes. Los 110 millones de euros restantes “saldrán de la eliminación de puestos de trabajo”, prosiguió Rodríguez que aseguró que se perderán más de 3.000 empleos por las reorganizaciones, las no sustituciones, jubilaciones y la no reposición de los empleados públicos. 

El líder de NC criticó que se recorten 220 millones de euros en inversión, porque en un momento de crisis económica es esencial para recuperar el crecimiento, la demanda y el empleo. Tampoco comparte que se reduzcan 120 millones de euros en gastos y transferencias corrientes, “en el funcionamiento de los servicios”, ya que se trata de una partida asociada en un 80 por ciento a la educación y la sanidad.

Otra de las razones que fundamentan la enmienda a la totalidad de Nueva Canarias es “este incremento” de la presión fiscal. “Somos partidarios de una subida de impuestos”, pero no en el momento y los términos que propone el Gobierno autonómico sino de forma “selectiva y progresiva”, tal como “propusimos” en el debate de los presupuestos canarios, matizó. Así rechazan de forma contundente que el IGIC reducido, el que grava los alimentos básicos, se haya subido un 50, pasando del dos por ciento al tres por ciento; mientras los que gravan los artículos de lujo sólo suben un 10 y el general se incrementa del cinco al siete, un 40 por ciento.

Nueva Canarias considera oportuna una reforma fiscal que aumente los impuestos de manera que pague más el que más tiene en vez de cargar el peso en los trabajadores y clases medias.

El presidente de Nueva Canarias también propuso que se persiga el fraude fiscal como medida para incrementar los recursos ante la crisis. Si se rebajase en 10 puntos la economía sumergida en Canarias, del 28 por ciento al 18, se ingresarían 1.600 millones de euros. “Sin embargo el esfuerzo que se hace en perseguir el fraude es insuficiente, porque lo fácil es recortar y subir impuestos”, dijo.

Román Rodríguez recordó que la situación que ha llevado al Gobierno de Canarias a presentar esta Ley de Medidas Administrativas y Fiscales no se ha dado por “mala suerte”, sino por “decisiones políticas” como una financiación autonómica que detrae 600 millones de euros al año a Canarias; la ley de presupuestos canarios que hicieron con unos ingresos inflados y sin asumir, por motivos partidistas, la subida fiscal que propuso NC; y además porque los Presupuestos Generales del Estado maltratan a las Islas, al dejarlas por debajo de la media estatal en inversión y gasto per cápita.