El Gobierno de Canarias presentará la próxima semana una queja formal ante la Comisión Europea (CE) por la autorización del Gobierno de España a Repsol para llevar a cabo prospecciones petrolíferas
El Gobierno de Canarias presentará la próxima semana una queja formal
ante la Comisión Europea (CE)por la autorización del Gobierno de España a
Repsol para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas próximas a
Lanzarote y Fuerteventura, según confirmó hoy en Bruselas el presidente
canario, Paulino Rivero, tras reunirse con el comisario europeo de
Medio Ambiente, Janez Potocnik.
Rivero explicó al término del encuentro que el Gobierno autónomo
considera que las autorizaciones del Estado vulneran el derecho
comunitario, en concreto el artículo 6.3 de la Directiva 'Hábitat', que
obliga a la elaboración de informes de impacto en los casos de
actuaciones con posibles afecciones medioambientales. El jefe del
Ejecutivo se mostró convencido tras la reunión de que “es posible
paralizar las autorizaciones” dado el compromiso expresado por el
comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la
normativa comunitaria.
En este sentido, Rivero subrayó que el comisario "nos ha trasladado que
analizará el expediente desde la máxima honestidad y con el máximo
interés” para que prevalezca "el sentido comùn y la coherencia".
“Si la Comisión Europea ha actuado con firmeza para defender el medio
ambiente en otros casos relacionados con las infraestructuras, ahora
debería también actuar en el mismo sentido, dado que las prospecciones
vulneran directivas europeas”, dijo el presidente.
Rivero insistió en que el proceso ahora mismo se encuentra en una fase
informativa y que el Ejecutivo autónomo aportará toda la documentación
precisa a la Comisión para que esta pueda valorar con perfecto
conocimiento de causa el expediente.
“En todo caso –continuó- esta reunión con el comisario se ha de entender
sólo como una de las vertientes de la ofensiva de las instituciones
canarias contra la autorización a Repsol” que se sustancian también en
iniciativas en el ámbito judicial, social y político.
En opinión del presidente canario, “la batalla acaba de comenzar y será
muy larga y apasionante, porque estamos hablando de un asunto que afecta
al futuro de las islas y éste no se puede poner en juego por el apoyo
del Estado a una empresa privada para que desarrolle una actividad
coyuntural que no creará riqueza en las Islas”.
A este respecto, explicó que la actividad petrolera es incompatible con
el turismo y alertó de los riesgos que esta supondría para el empleo y
la economía de Canarias, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. “No
debemos olvidar –señaló- que el 51 por ciento del PIB de estas dos
islas y el 54 por ciento del empleo dependen del sector turístico”.
Consecuentemente, el Gobierno de Canarias seguirá impulsando iniciativas
a nivel jurídico, social y político para hacer prevalecer el interés
general de los canarios por encima del interés de una multinacional.
El Ejecutivo autónomo también trasladará al comisario europeo un dossier
con una veintena de informes científicos y cartas de colectivos
ciudadanos y ecologistas en contra de las prospecciones. Entre ellos se
encuentran los elaborados por WWAdena, Océana o la Secac, sociedad
especializada en el estudio de los cetáceos.








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