Los recortes del Gobierno canario provocan retrasos de dos años en los reconocimientos de discapacidad

Los trabajadores de Servicios Sociales del Centro Sociosanitario El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria, se han unido al resto de empleados de la Comunidad Autónoma Canaria, y más de un centenar se ha concentrado ante ese edificio para protestar por la incidencia de los recortes aprobados "por el Ejecutivo canario" en la gestión diaria de los servicios que prestan. Según el portavoz de Intersindical Canaria, Santiago Sánchez, este retraso es hasta de dos años en la gestión de los reconocimientos de discapacidad y las ayudas básicas.

Sánchez recordó que "la opinión pública ya sabe que las ayudas a la Dependencia se estaban retrasando dos años", y a estas se unen el que está sufriendo "la primera cita para el Tribunal que debe valorar la concesión de una ayuda a la discapacidad, que son las gran mayoría de las solicitudes que llegan".

Los convocantes de las concentraciones y los trabajadores responsabilizan de este déficit a los recortes aprobados por el Gobierno de Canarias en sectores como "Educación, Sanidad y Servicios Sociales". Por ello, "mostramos nuestro total rechazo a los recortes aprobados en la parte social, que está afectando a la atención directa a los ciudadanos más desfavorecidos".

Desde Intersindical recuerdan que la crisis económica está provocando un aumento de la demanda de este tipo de ayudas, y sin embargo, "no se está contratando personal y el que está se está redistribuyendo", con lo que el número de atendidos aumenta por cada trabajador "y se están retrasando las citas" con el consiguiente "retraso en la gestión".

Estas concentraciones 'relámpago' porque duran unos 10 minutos se están repitiendo ante los edificios más importantes de la Comunidad Autónoma de Las Palmas de Gran Canariay Santa Cruz de Tenerife. Los trabajadores no descartan iniciar medidas "más contundentes" en las próximas semanas, tras la celebración de una asamblea prevista para este "jueves o viernes", a la que asistirán representantes de los trabajadores "de Educación, Sanidad y Justicia" de ambas provincias.