Ajustes y recortes en educación (y III)

Es indudable y tal vez inevitable, que cuando una función está distribuida entre varios centros de responsabilidad -autonomías, cabildos, ayuntamientos, etc.- es fácil que se produzcan duplicidades, en el menos malo de los supuestos, y omisiones en el peor.  No es frecuente que exista un órgano administrativo que coordine y además tenga poder coercitivo sobre todas las partes que intervienen.  Las disfunciones o excesos de gastos son patentes, por ejemplo, en la gestión de los recursos para educación o sanidad, dos centros de gasto de enorme relevancia, económica y social.

Cuando las contradicciones son flagrantes y se hacen públicas, los parlamentos crean un observatorio o un órgano de control, que aunque no pueda legalmente controlar nada por estar las competencias exclusivas distribuidas, al menos sirve para aparentar y colocar a sus militantes o para que los influyentes del aparato cobren varios sueldos por repetirnos lo que todos ya sabemos.  Este problema es particularmente grave en Canarias y Baleares por el hecho insular, en el que cada isla es casi una autonomía, que a su vez está llena de municipios también autónomos que complican aún más las racionales e imprescindibles coordinaciones, si de no malgastar el dinero público se tratara.  Pero ¿qué institución o qué político está dispuesto a renunciar a competencias y a la capacidad de repartir prebendas, para amarrar votitos, cual Papá Noel vestido de traje típico en las romerías?

Por cierto, en la “Fundación Ideas para el Progreso” del PSOE y ante los problemas que ha creado la falta de los suculentos ingresos por subvenciones graciosas del gobierno anterior, han pedido -o exigido, eso no está muy claro- a los cargos públicos que reciben algún sueldo del erario, que han de trabajar gratis y fervorosamente para esa Fundación, aportando sugerencias o elaborando informes.  Tarde ha llegado, pero bienvenida sea esa iniciativa que debería ser seguida por el resto de los partidos políticos.  Probablemente será perseguida por casi todos, buscando cómo puentear o dejar la propuesta como otro anuncio demagógico trompetero al uso.  Es vergonzoso e inexplicable, visto desde el sentido común y democrático, conocer cómo algunos cargos o ex cargos públicos, sindicales o patronales cobran varios sueldos o pensiones por ejercer de “consejeros” o “asesores” en empresas públicas, cajas y otros lugares de pastoreo del dinero extraído cual petróleo de los bolsillos ciudadanos vía impuestos, tasas, etc.  O también cómo hay sobresueldos en los docentes que dejan sus obligaciones académicas para dedicarse a otras funciones políticas o administrativas, complementos que conservan después cuando retornen, si es que alguna vez lo hacen, a las aulas.

Si cualquier momento debiera ser bueno para racionalizar y reducir el gasto con dinero público, que a pesar de lo que dijera Carmen Calvo sí tiene dueño, o lo tenía cuando aún no se lo habían sacado al contribuyente, en la situación actual sería irresponsable, temerario y, en opinión de algunos, hasta criminal no hacerlo ya por la vía de urgencia.  Ello implica el no crear simplemente una típica comisión de políticos al estilo napoleónico, con gastos y dietas incluidas, para estudiarla sin plazo tasado, sino nombrar un pequeño grupo de profesionales de la organización para que eleven a las instituciones las propuestas de racionalización necesarias y aquellas las aprueben y ejecuten, si es que aún les quedara altura de miras.  Y esto es particularmente importante en Canarias, cuya mayor parte del presupuesto proviene de transferencias estatales, dinero recaudado en otras regiones.

En el caso concreto de la educación, tal como ya se dijo en entregas anteriores, hay campo de sobra para actuar en el terreno de la gestión.  Por ejemplo, eliminando el concepto de “capacidad de gasto” y su correlato de “autonomía para gastar”, principios también comunes en casi todas las administraciones. La capacidad de gasto consiste, esencialmente, en considerar que si un departamento no se ha gastado todo el presupuesto que le fue asignado, en el ejercicio siguiente se le rebaja, sin tener en cuenta que esa disminución pudo ser por motivos de buena gestión o de eliminar cosas superfluas.  No tiene “capacidad” para gastar, se dice.  Y se le recorta sin más.  Por eso es muy frecuente observar en el BOC el “jiribillo” que le entra a los responsables para contratar o gastar desaforadamente en el último trimestre del año hasta agotar el presupuesto, que habían administrado en los meses anteriores, a veces hasta con tacañería, en previsión de que se acabara antes de tiempo.  

Es diabólico reconocer que para los políticos o directores de departamentos, poder gastar cuanto más mejor es sinónimo de “poder” y no, como debiera ser, una gran responsabilidad por haber sido elegido, y estar cobrando, para ser un gestor público.  Por eso también exigen “autonomía” en el qué se gasta, ejerciendo su poder con una buena dosis de discrecionalidad cuando no pura arbitrariedad.  Por eso, en otras latitudes mirando siempre hacia el norte, esa autonomía en el gasto es relativa y necesita ser justificada, no sólo el dinero invertido sino también la necesidad de haberlo hecho.  ¡Ah, y respetando las formas, creadas en principio para prevenir corruptelas!