Antonio Ramón, representante de los trabajadores de la Gesplan, denuncia que la empresa en "menos de dos semanas" pasó de presentarles un plan de viabilidad a un ERE
El Comité de Empresa de la empresa pública Gesplan,Gestión y
Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A, perteneciente al
Gobierno de Canarias denuncia que detrás del ERE presentado por el
Ejecutivo y que afecta a 110 de los 173 trabajadores de la plantilla
actual, está "la voluntad de despedir trabajadores molestos, que no van a
la misma velocidad", denunció Antonio Ramón, miembro del Comité.
Según los datos presentados por la propia empresa referentes a 2011, "no ha tenido pérdidas en los últimos años", explicó Ramón, "tampoco beneficios, pero no números negativos". Además, "según las encomiendas comprometidas para 2012 "tenemos de 18-19 millones de euros mínimo de ganancias". Con estas cifras, los trabajadores aseguran que no se sostiene los despidos propuestos, sin ninguna otra solución como la reducción de jornada y salario, que estarían dispuestos a asumir para impedir la pérdida de puestos de trabajo.
Acusan a la empresa, y en concreto a su director gerente, Rafael Castellano, de presentar una previsión de ingresos que no se corresponde con las encomiendas comprometidas. Dicen que "sólo habrán 15 millones de euros, y por esto los despidos". Desde el Comité de Empresa niegan que esta sea la realidad, y acusan a la empresa y a Hacienda de imponer unas cifras que justifiquen los despidos.
Los representantes de los trabajadores denuncian también "no tener un interlocutor válido con la empresa". Descalifican al director gerente por "no defender suficientemente los puestos de trabajo de los trabajadores", y lo acusan de calificar a los empleados de Tenerife como "cáncamos" y a los de Gran Canaria de "irresponsables". Ramón explicó que en las últimas semanas el Gobierno de Canarias decidió que su representante ante los trabajadores fuera el viceconsejero Mario Pérez, pero "no nos sirve", porque "las decisiones las sigue tomando el gerente".
Un gerente, que según los datos aportados por el Comité de Empresa en la rueda de prensa de este viernes, alega malos resultados económicos como justificación de los despidos "y cobra 78.000 euros al año, además de recibir complementos por antigüedad, una ayuda al transporte de 6.000 euros y otra de alquiler de 7.900, según lo que nosotros sabemos", explicó Antonio Ramón.
Los trabajadores explicaron que de los 110 despidos propuestos, 46 sería "una suspensión de contrato de un año y el resto, extinción total de contrato". De aprobarse el ERE, el 9 de mayo como fecha última, los 63 empleados que quedarían en plantilla "no podrían asumir las encomiendas comprometidas", aseguró Ramón.
Según los datos presentados por la propia empresa referentes a 2011, "no ha tenido pérdidas en los últimos años", explicó Ramón, "tampoco beneficios, pero no números negativos". Además, "según las encomiendas comprometidas para 2012 "tenemos de 18-19 millones de euros mínimo de ganancias". Con estas cifras, los trabajadores aseguran que no se sostiene los despidos propuestos, sin ninguna otra solución como la reducción de jornada y salario, que estarían dispuestos a asumir para impedir la pérdida de puestos de trabajo.
Acusan a la empresa, y en concreto a su director gerente, Rafael Castellano, de presentar una previsión de ingresos que no se corresponde con las encomiendas comprometidas. Dicen que "sólo habrán 15 millones de euros, y por esto los despidos". Desde el Comité de Empresa niegan que esta sea la realidad, y acusan a la empresa y a Hacienda de imponer unas cifras que justifiquen los despidos.
Los representantes de los trabajadores denuncian también "no tener un interlocutor válido con la empresa". Descalifican al director gerente por "no defender suficientemente los puestos de trabajo de los trabajadores", y lo acusan de calificar a los empleados de Tenerife como "cáncamos" y a los de Gran Canaria de "irresponsables". Ramón explicó que en las últimas semanas el Gobierno de Canarias decidió que su representante ante los trabajadores fuera el viceconsejero Mario Pérez, pero "no nos sirve", porque "las decisiones las sigue tomando el gerente".
Un gerente, que según los datos aportados por el Comité de Empresa en la rueda de prensa de este viernes, alega malos resultados económicos como justificación de los despidos "y cobra 78.000 euros al año, además de recibir complementos por antigüedad, una ayuda al transporte de 6.000 euros y otra de alquiler de 7.900, según lo que nosotros sabemos", explicó Antonio Ramón.
Los trabajadores explicaron que de los 110 despidos propuestos, 46 sería "una suspensión de contrato de un año y el resto, extinción total de contrato". De aprobarse el ERE, el 9 de mayo como fecha última, los 63 empleados que quedarían en plantilla "no podrían asumir las encomiendas comprometidas", aseguró Ramón.
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