Los grupos se dan un "tiempo de reflexión" de siete meses con el fin de aprobar una nueva legislación que cambia el modelo acorde con la Directiva Bolkestein de la UE
Por unanimidad, el
Parlamento ha prorrogado siete meses la Ley de Moratoria aprobada en el
año 2003 y cuyas excepciones culminaban en mayo, por lo que “en las
islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, durante el
periodo que finaliza el 13 de diciembre de 2012” podrán seguir siendo
aplicadas.
Aunque el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, impulsor de la Moratoria cuando fue presidente del Gobierno, aseguró que “siete meses me parece poco, y espero que no nos pille el toro de nuevo”, expresó su apoyo a esta prórroga hasta que el Ejecutivo lleve al Parlamento el nuevo texto unificado.
En la exposición de motivos se recuerda que “se sujetará a autorización administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas”.
Sin embargo, “las circunstancias han cambiado notablemente” desde la anterior ley trienal, tanto por lo que afecta a la situación socioeconómica como por el marco normativo, “que en la línea de la Directiva de Servicios ha producido una profunda transformación en la intervención administrativa que constituye el modo en que la Administración autonómica se aproxima al mercado turístico para relacionarlo con las condiciones de las islas y su capacidad para asumir los servicios que se demandan sin perjuicio de un medio natural que es el mayor de sus atractivos”.
Un cambio de modelo “que requiere un análisis profundo y una amplia participación de los sectores afectados y de la ciudadanía en general para definir la forma en que ha de ordenarse la principal de las actividades económicas del archipiélago”.
Por ello, el vencimiento del plazo para aprobar una nueva ley trienal, que culminaba en mayo, no debía implicar “precipitación para regular la actividad turística en Canarias de una manera sostenible”.
Es este motivo que ha llevado a prorrogar siete meses la Moratoria por ser “preferible ampliar el tiempo de reflexión para llegar a la solución más adecuada”.
Aunque el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, impulsor de la Moratoria cuando fue presidente del Gobierno, aseguró que “siete meses me parece poco, y espero que no nos pille el toro de nuevo”, expresó su apoyo a esta prórroga hasta que el Ejecutivo lleve al Parlamento el nuevo texto unificado.
En la exposición de motivos se recuerda que “se sujetará a autorización administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas”.
Sin embargo, “las circunstancias han cambiado notablemente” desde la anterior ley trienal, tanto por lo que afecta a la situación socioeconómica como por el marco normativo, “que en la línea de la Directiva de Servicios ha producido una profunda transformación en la intervención administrativa que constituye el modo en que la Administración autonómica se aproxima al mercado turístico para relacionarlo con las condiciones de las islas y su capacidad para asumir los servicios que se demandan sin perjuicio de un medio natural que es el mayor de sus atractivos”.
Un cambio de modelo “que requiere un análisis profundo y una amplia participación de los sectores afectados y de la ciudadanía en general para definir la forma en que ha de ordenarse la principal de las actividades económicas del archipiélago”.
Por ello, el vencimiento del plazo para aprobar una nueva ley trienal, que culminaba en mayo, no debía implicar “precipitación para regular la actividad turística en Canarias de una manera sostenible”.
Es este motivo que ha llevado a prorrogar siete meses la Moratoria por ser “preferible ampliar el tiempo de reflexión para llegar a la solución más adecuada”.
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