Con la excusa del Derecho Internacional

    Parece que les va la vida en ello. La desaforada defensa que nuestras máximas autoridades hacen por demostrar la españolidad de Repsol es conmovedora,  por no decir que  raya en lo patético. No es para menos esta turbadora defensa. Sólo hay que ver los registros de personal de la empresa petrolífera  y  sus nóminas para ver reflejados  en ellos  los nombres de  muchos antiguos dirigentes políticos, gobernantes y allegados, incluidos algunos actuales ministros. Es normal que se tengan que devolver favores y defender sus puestos de asesores con dientes y uñas. Nunca lo he entendido bien, pero creo que “la españolidad” significa eso.

    Sobre que es una empresa española habría mucho que hablar y discutir. Repsol fue creada por el Gobierno español, pero fue  privatizada por el gobierno del presidente  Aznar. Habría que preguntarse, por ejemplo, qué “tan española” es una compañía que gran parte de su capital y de sus intereses están actualmente en manos extranjeras. Una empresa que, desde que fue  privatizada, para tener la menor carga fiscal posible, pone su capital en paraísos fiscales evadiendo así impuestos y expatriando beneficios, creando filiales para escapar de la Hacienda pública española. No ha sido, precisamente, España quien se ha beneficiado de su actividad empresarial.  

     No olvidemos que los que ahora hacen una defensa a ultranza  de la españolidad de esta compañía son los que promovieron la privatización de ésta y otras empresas, que entonces si eran españolas. En aquel momento discutían a brazo partido que todo era por el interés general. Ahora esos mismos que se dejaron la saliva en los escaños y en los “oscurantistas” – no por ellos menos luminosos- despachos están muy bien situados recibiendo hermosas nominas de asesores, gestores y otras hierbas. Se entiende que significa el “bien general” ¿verdad?

    Pero no nos engañemos, porque eso del bien general o bien común, como prefieran llamarlo, lo practican todos aquellos que, independientemente, de la capa social y del color político a que pertenezcan, persiguen su propio interés y su beneficio privado a costa de quien sea y de lo que sea. Exactamente igual que lo que hace esta compañía, que allí donde opera deja un lastre medioambiental difícil de recuperar.

    Mientras le fue bien no reclamó para nada su “ficticia” españolidad. Tampoco nuestras autoridades salieron al paso para darle un tirón de orejas cuando vulneraba derechos humanos ni esquilmaba pueblos enteros con tal de salirse con la suya. Las leyes, está más que visto, se hacen para los que manejan el dinero. Los gobiernos ejecutan las políticas que ellos desean, que no son precisamente la de los que pasan hambre ni tienen un trabajo para sobrevivir. Por eso hay que ir a por todas. Y ahora, con la excusa del Derecho Internacional, hay que buscar apoyos en aquellos que están en el ajo, los mismos que tienen iguales intereses económicos. Los que les ayuden a buscar artimañas para poner la justicia a su servicio.

     Hoy por mí, mañana por ti.