Las dos Secciones Sindicales del Cuerpo General de la Policía Canaria con representación en Gran Canaria Canaria (CO.BAS y CC.OO.) han rechazado y condenado las acciones que tuvieron lugar el pasado miércoles 8 de febrero, cuando el Jefe de la Base de Gran Canaria y su policía-conductor y persona de confianza se vieron involucrados en un desagradable escándalo tipificado como de Violencia de Género y Coacciones
La Guardia Civil instruyó diligencias al efecto, presentadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Telde, informó un comunicado.
Según en la documentación obrante en el Juzgado, los dos policías usaron un vehículo oficial propiedad del Gobierno de Canarias, "para sus intereses particulares" y lo más grave, de personas ajenas al Cuerpo, por lo que ambas secciones sindicales creen necesario poner de manifiesto la postura del colectivo y de dichas secciones, desmarcando totalmente a una plantilla policial íntegra y comprometida con el servicio del ciudadano, de estos lamentables hechos.
La plantilla de la Policía Canaria jamás ha protagonizado incidentes más que en positivo, muestra de ello son las felicitaciones de la Fiscalía y diferentes Administraciones, y que ahora ven como precisamente el máximo representante en la provincia oriental y Subcomisario Jefe protagoniza estos incalificables sucesos, añade el comunicado.
Amigo
Estos hechos, según las Diligencias y los medios de comunicación, se producen cuando el Subcomisario Jefe de la Provincia había pasado, con un coche oficial perteneciente al Gobierno de Canarias, a recoger por el aeropuerto a su amigo L.A.M.C. de origen mexicano, amigo íntimo suyo.
Posteriormente, acudió a una guardería de la playa de Arinaga con la intención de recoger a la hija del mexicano, sin contar con que la madre de la niña de tres años de la que se encontraba separado, y que ostentaba la custodia, ya había dado aviso a la Benemérita del presunto acoso y amenazas de los que era objeto por el padre de la pequeña. Ante el temor de que se llevara a Mexico a su hija, hecho posible, pues tenía una cantidad importante de dinero en su poder.
Asimismo, consta la madre de la niña, pocas horas antes, había acudido al puesto de la Guardia Civil en Agüimes a informarse sobre los procedimientos existentes en caso de ser víctima de violencia de género, que lo mismo había hecho ante una oficina específica del ayuntamiento y que en una segunda visita al puesto, poco después del mediodía, comunicó haber recibido una llamada telefónica de la guardería, en la que le hacían saber que ya se encontraba allí el padre de la niña con la intención de llevársela.
Por este motivo,Agentes de la Guardia Civil se personaron en la guardería fueron testigos, según la documentación que obra en el Juzgado número 2 de Telde, de una conversación en la que el padre de la niña le decía: «He venido con dos peces gordos que son policías. Te están sacando fotos para un dossier. Te voy a denunciar», en referencia a los dos policías que estaban en los alrededores «sacándole fotos cerca de un coche de color negro con las lunetas tintadas».
Al parecer, una vez llegó la Guardia Civil al lugar, y al percatarse de la presencia policial, el Subcomisario Jefe se ausentó del lugar, dejando a su amigo el mexicano, y al policía conductor con el vehículo oficial. Por este motivo la Guardia Civil instruye las correspondientes Diligencias y resultan imputados los tres, el Subcomisario, el policía y el mexicano padre de la niña.
Suspensión
Por todo esto, los policías condena de forma unánime estos hechos, y los ponen en conocimiento de las Autoridades del Gobierno de Canarias a las que les compete, y de la opinión pública, al objeto de que de forma inmediata se depuren las responsabilidades a que diera lugar, por estar tipificado en varios puntos del régimen disciplinario del Cuerpo General de la Policía canaria y de los Funcionarios Públicos, solicitando la inmediata suspensión cautelar de estas personas, de las cuales el colectivo no se siente representados.
Además, hacen constar que, al igual que ha puesto de manifiesto la Asociación Unificada de Guardias Civiles, existen hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación y cohecho por el uso de recursos del gobierno de Canarias para fines propios, y se remitan dichas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si existe o no dichos ilícitos penales.
Según en la documentación obrante en el Juzgado, los dos policías usaron un vehículo oficial propiedad del Gobierno de Canarias, "para sus intereses particulares" y lo más grave, de personas ajenas al Cuerpo, por lo que ambas secciones sindicales creen necesario poner de manifiesto la postura del colectivo y de dichas secciones, desmarcando totalmente a una plantilla policial íntegra y comprometida con el servicio del ciudadano, de estos lamentables hechos.
La plantilla de la Policía Canaria jamás ha protagonizado incidentes más que en positivo, muestra de ello son las felicitaciones de la Fiscalía y diferentes Administraciones, y que ahora ven como precisamente el máximo representante en la provincia oriental y Subcomisario Jefe protagoniza estos incalificables sucesos, añade el comunicado.
Amigo
Estos hechos, según las Diligencias y los medios de comunicación, se producen cuando el Subcomisario Jefe de la Provincia había pasado, con un coche oficial perteneciente al Gobierno de Canarias, a recoger por el aeropuerto a su amigo L.A.M.C. de origen mexicano, amigo íntimo suyo.
Posteriormente, acudió a una guardería de la playa de Arinaga con la intención de recoger a la hija del mexicano, sin contar con que la madre de la niña de tres años de la que se encontraba separado, y que ostentaba la custodia, ya había dado aviso a la Benemérita del presunto acoso y amenazas de los que era objeto por el padre de la pequeña. Ante el temor de que se llevara a Mexico a su hija, hecho posible, pues tenía una cantidad importante de dinero en su poder.
Asimismo, consta la madre de la niña, pocas horas antes, había acudido al puesto de la Guardia Civil en Agüimes a informarse sobre los procedimientos existentes en caso de ser víctima de violencia de género, que lo mismo había hecho ante una oficina específica del ayuntamiento y que en una segunda visita al puesto, poco después del mediodía, comunicó haber recibido una llamada telefónica de la guardería, en la que le hacían saber que ya se encontraba allí el padre de la niña con la intención de llevársela.
Por este motivo,Agentes de la Guardia Civil se personaron en la guardería fueron testigos, según la documentación que obra en el Juzgado número 2 de Telde, de una conversación en la que el padre de la niña le decía: «He venido con dos peces gordos que son policías. Te están sacando fotos para un dossier. Te voy a denunciar», en referencia a los dos policías que estaban en los alrededores «sacándole fotos cerca de un coche de color negro con las lunetas tintadas».
Al parecer, una vez llegó la Guardia Civil al lugar, y al percatarse de la presencia policial, el Subcomisario Jefe se ausentó del lugar, dejando a su amigo el mexicano, y al policía conductor con el vehículo oficial. Por este motivo la Guardia Civil instruye las correspondientes Diligencias y resultan imputados los tres, el Subcomisario, el policía y el mexicano padre de la niña.
Suspensión
Por todo esto, los policías condena de forma unánime estos hechos, y los ponen en conocimiento de las Autoridades del Gobierno de Canarias a las que les compete, y de la opinión pública, al objeto de que de forma inmediata se depuren las responsabilidades a que diera lugar, por estar tipificado en varios puntos del régimen disciplinario del Cuerpo General de la Policía canaria y de los Funcionarios Públicos, solicitando la inmediata suspensión cautelar de estas personas, de las cuales el colectivo no se siente representados.
Además, hacen constar que, al igual que ha puesto de manifiesto la Asociación Unificada de Guardias Civiles, existen hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación y cohecho por el uso de recursos del gobierno de Canarias para fines propios, y se remitan dichas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si existe o no dichos ilícitos penales.
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