Se basa en el Estatuto de Autonomía y la Ley de Aguas Canarias
El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del
Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy
que el derecho internacional no es aplicable en el caso de las
prospecciones petrolíferas, puesto que éste no interfiere e la forma en
la que los estados se reparten internamente sus competencias, “algo que
parece ignorar claramente” el actual ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria.
Ríos explicó que la autorización para realizar prospecciones es “un asunto interno, propio del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española, que nada tiene que ver con el derecho internacional" El comisionado considera que "tanto da que las otorgue el Ministerio de Energía que la Consejería del ramo del Gobierno de Canarias”. Así, de acuerdo con este argumento, "la discusión en este momento se centra en quién autoriza dentro del propio Estado español", considera.
Ríos asegura que “es nuestro Estatuto y la Ley de Aguas Canarias la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones”.
La Ley de Aguas Canarias vigente, explica, "establece que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres".
Además, recordó Ríos, “nuestro Estatuto nos atribuye competencias de desarrollo normativo y ejecución en energía, es decir, en prospecciones petrolíferas, sean en tierra o en el mar, como es este caso”.
“Soria no tiene credibilidad ninguna, porque hay que decir alto y claro que cuando era vicepresidente recurrió con el Gobierno de Canarias hasta cuatro leyes estatales, alguna de su actual Ministerio, porque determinadas competencias, en contra de lo que establece nuestro Estatuto, se las arrogaba el Estado”, recordó.
“Fue Soria –insistió Río- quien como vicepresidente lideraba las negociaciones con el Gobierno del Estado y, al no llegar a acuerdos con los distintos ministerios, se recurrieron esas normas al Tribunal Constitucional, las cuales están pendientes de sentencia”.
Ríos cree que las prospecciones “en absoluto garantizan que no haya riegos para nuestra diversidad marina, para nuestras costas y para el turismo. De hecho, ha retomado las autorizaciones sin siquiera actualizar la información medioambiental desde hace casi 10 años”, criticó.
Ríos explicó que la autorización para realizar prospecciones es “un asunto interno, propio del Estado de las Autonomías que consagra la Constitución Española, que nada tiene que ver con el derecho internacional" El comisionado considera que "tanto da que las otorgue el Ministerio de Energía que la Consejería del ramo del Gobierno de Canarias”. Así, de acuerdo con este argumento, "la discusión en este momento se centra en quién autoriza dentro del propio Estado español", considera.
Ríos asegura que “es nuestro Estatuto y la Ley de Aguas Canarias la base jurídica para que sea Canarias la competente para autorizar las prospecciones”.
La Ley de Aguas Canarias vigente, explica, "establece que el ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres".
Además, recordó Ríos, “nuestro Estatuto nos atribuye competencias de desarrollo normativo y ejecución en energía, es decir, en prospecciones petrolíferas, sean en tierra o en el mar, como es este caso”.
“Soria no tiene credibilidad ninguna, porque hay que decir alto y claro que cuando era vicepresidente recurrió con el Gobierno de Canarias hasta cuatro leyes estatales, alguna de su actual Ministerio, porque determinadas competencias, en contra de lo que establece nuestro Estatuto, se las arrogaba el Estado”, recordó.
“Fue Soria –insistió Río- quien como vicepresidente lideraba las negociaciones con el Gobierno del Estado y, al no llegar a acuerdos con los distintos ministerios, se recurrieron esas normas al Tribunal Constitucional, las cuales están pendientes de sentencia”.
Ríos cree que las prospecciones “en absoluto garantizan que no haya riegos para nuestra diversidad marina, para nuestras costas y para el turismo. De hecho, ha retomado las autorizaciones sin siquiera actualizar la información medioambiental desde hace casi 10 años”, criticó.
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