El ministro asegura que "vamos a poner sentido común en las costas españolas"
El m inistro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha manifestado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno
va a introducir en la reforma de la Ley de Costas “un procedimiento de
desafectación más ágil y se introducirán mecanismos de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas para garantizar, de modo
sostenible, la actividad turística en el litoral”.
El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto “con la mejor técnica jurídica, con la experiencia adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español”.
“Vamos a poner sentido común en las costas españolas”, ha añadido.
En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que “se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre”.
El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que “lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".
"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas”, ha dicho.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: “mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas”.
Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público”.
Además, el ministro ha explicado que se van a analizar “los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de transmisión de los derechos de ocupación”.
Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver “la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018”.
Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
El ministro ha dicho que abordará el nuevo texto “con la mejor técnica jurídica, con la experiencia adquirida en la aplicación de la vigente ley y, por supuesto, preservando los valores ambientales del litoral español”.
“Vamos a poner sentido común en las costas españolas”, ha añadido.
En lo referente al deslinde administrativo, Arias Cañete ha explicado que “se estudiará, con el máximo rigor, los criterios técnicos y jurídicos con arreglo a los cuales se resuelve la inclusión de un bien en el dominio público marítimo terrestre”.
El ministro ha contestado así a la diputada socialista Leire Pajín, en la primera sesión de control al Gobierno, que “lo preocupante es la aplicación errática, arbitraria y deficiente que de la Ley de Costas ha hecho el gobierno socialista".
"Lo preocupante son casos como el Algarrobico, aprobado por ayuntamientos socialistas y bendecido por comunidades autónomas socialistas. Lo preocupante es que ustedes crean que las leyes no hay que modificarlas nunca porque las hicieron los socialistas”, ha dicho.
El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: “mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas”.
Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público”.
Además, el ministro ha explicado que se van a analizar “los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de transmisión de los derechos de ocupación”.
Asimismo, ha anunciado que se quiere resolver “la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018”.
Arias Cañete ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique la Ley de Costas, “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Finalmente, ha descrito la situación que se han encontrado en el Ministerio en tres parámetros que hay que resolver y terminar, como son la acumulación de hasta 24.500 expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver, los cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han creado inseguridad en el sector hostelero, y el deslinde administrativo del dominio público marítimo-terrestre, "incompleto y, muchas veces, acusado de caprichoso y arbitrario".
Elisa | Sábado, 11 de Febrero de 2012 a las 07:59:22 horas
Al final va a seguir como siempre, a los pobres les quitarán sus casa mientras para los ricos construiran mas puertos deportivos y urbanisaciones a pie de playa
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