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ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

El Ayuntamiento prevé cerrar el Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito

MASPALOMAS AHORA
Jueves, 02 de Febrero de 2012
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El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana prevé cerrar el Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito (CAVD), un servicio que se presta en las dependencias judiciales desde hace 15 años

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana prevé el cierre del Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito (CAVD), un servicio que se presta en las dependencias judiciales desde hace 15 años, según han informado a Maspalomas Ahora fuentes cercanas al servicio.

Al parecer la posible decisión puede estar motivada a una reducción en la subvención que es otorgada anualmente por la Dirección General de Justicia.

Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos están dedicadas a todo tipo de víctimas de delitos; ya sean víctimas directas o indirectas. De esta manera, las oficinas atienden a la persona que ha sufrido el delito de forma directa o a sus familiares o personas que estuvieran a su cargo, y se dedican especialmente a la atención de la violencia de género.

El Centro de Asistencia a las Víctimas del Delito de San Bartolomé de Tirajana es el único existente en Gran Canaria, Tenerife cuenta con dos y Lanzarote con uno. El equipo del CAVD está formado por una criminóloga, una asesora legal y una auxiliar administrativa con dominio de inglés y alemán.

Este servicio atiende a numerosas víctimas, entre ellos a turistas, y es conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Servicios Sociales de los diferentes Ayuntamientos así como por el personal de los Juzgados, “a pesar de la nula potenciación que del mismo ha hecho este Ayuntamiento que en contadas ocasiones  se ha hecho eco del servicio”.

Fuentes cercanas han manifestado que la supresión de este servicio “resulta incoherente” con la política del nuevo Gobierno que a través del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha manifestado su intención de elaborar un Estatuto de la Víctima que recoja “sus derechos y medios de acceso a la información” así como “su protección jurídica y asistencia social y psicológica”.

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