Miranda Calderin aboga por socializar la Reserva de Inversiones de Canarias

“Tenemos que dejarnos de restricciones y cortapisas en la aplicación de la RIC. Habría que hacer un borrón y cuenta nueva con todos los problemas que hemos tenido y deberíamos ir a una reforma muy clara, donde se contemple una mayor socialización de este incentivo”.

Así de tajante se mostró hoy el economista y Doctor en Historia, Salvador Miranda Calderin, durante la presentación de su cuarta obra monográfica fiscal “Manual de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) 2007-2013”, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

Durante su intervención, el autor abundó en las palabras del prologuista del trabajo, el magistrado Fernández Valverde, quien afirmó que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias no es en modo alguno un privilegio, sino un instrumento de derecho histórico para compensar las especificidades territoriales del Archipiélago.

En este sentido, Miranda Calderin reivindicó el papel que debe tener la RIC como instrumento de transformación económica, sobre todo, en un contexto de crisis como el actual, donde la capacidad inversora de las administraciones públicas está fuertemente condicionada.

“La sociedad tiene que mirar de nuevo a la iniciativa privada porque es la única capaz de generar inversión y empleo”, afirmó.

Precisamente, este especialista fiscal aboga por una profunda transformación de la Reserva que dé a los empresarios un mayor margen de maniobra a la hora de repercutir sus beneficios en la sociedad.

“Hasta ahora lo que ha dominado es un criterio de interpretación absolutamente restrictivo, tanto en las administraciones como en los tribunales de justicia, que ha perjudicado fundamentalmente la posibilidad de inversión del empresariado canario”, ha insistido.

Miranda dijo además que hay empresas en Canarias que a pesar de la crisis generan beneficios y que las Administraciones deben darle facilidades y no restricciones, aparte de demandar un mayor esfuerzo para divulgar los beneficios sociales y económicos de la RIC por parte de los políticos, los técnicos y los empresarios, dirigido a concienciar a la sociedad canaria de que un compromiso de inversión es siempre positivo porque repercute en mejorar las condiciones de vida de la región.

En esta gran metamorfosis que propone Miranda Calderin se contempla la posibilidad de socializar este incentivo. Se trata de abrir la RIC también a los trabajadores por cuenta ajena, quienes podrían invertir sus ahorros en bonos públicos y repercutirlos en la Declaración de la Renta con bonificaciones de la Hacienda Pública.

Según manifestó en su exposición “hay algunos trabajadores que en estos momentos ganan más que muchas empresas, por qué vamos a darle la espalda”.

CAÍDA DE LA INVERSIÓN

Después de exponer la trayectoria de la RIC desde el año 2006, ejercicio que representó el punto culminante de la inversión, con 2.500 millones de euros, hasta el más crítico, en 2009, con sólo una dotación de 650 millones de euros, Miranda Calderin explicó la clara tendencia descendente del incentivo y recalcó la necesidad de revertir esa caída hacia otras cotas que generen la inversión que las Islas tanto necesitan en el actual clima de crisis.

Así, en 2007, año en el que entra en vigor la actual reglamentación, los beneficios de las empresas caen un 25 por ciento, pero las dotaciones para la RIC descienden un 50 por ciento con respecto al año récord, 2006, en el que se alcanzaron los 2.600 millones. La última cifra, correspondiente a 2009, deja el principal incentivo en 650 millones

Según argumenta, el motivo principal del descenso del compromiso de materialización de los empresarios es la crisis económica, que imposibilita que las empresas obtengan beneficios y, unida a ella, la falta de financiación bancaria para asumir las inversiones, las restricciones de la nueva normativa que regula el incentivo desde 2007 y un desafortunado régimen sancionador.

MACHAQUE AL EMPRESARIO

Este especialista fiscal denuncia además que desde que empezaron las inspecciones de la RIC, las dificultades en la interpretación de la normativa de un incentivo escasamente regulado en sus primeros doce años y siempre sumamente complejo "han machacado sistemáticamente al empresario que hizo uso del beneficio fiscal”.

En esta línea, Miranda llama la atención no solo sobre presuntas conductas irregulares, sino sobre actuaciones conforme amparadas en el texto legal que han sido reinterpretadas restrictivamente por la Administración y corroborada por los tribunales, un aspecto que ha influido en el desánimo de los empresarios.

Para Miranda Calderín la conflictividad existente en la aplicación del incentivo “no solo perjudica a los empresarios, sino a la sociedad canaria en general, más en una época de crisis en la que si no hay inversiones no se generan puestos de trabajo”.