Román Rodríguez consigue el apoyo del resto de los grupos para dar solución “a un problema complejo, pero enormemente grave”
El Grupo Mixto ha sacado adelante, con las enmiendas incorporadas por el
Grupo Popular, una iniciativa por la que el Parlamento insta al
Ejecutivo canario a que inste al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a
“aprobar con carácter de urgencia” medidas de “aplazamiento del
desalojo” de los “miles de desahucios ya en ejecución” hasta que se
modifique la legislación para incluir la dación en pago como figura para
zanjar las deudas hipotecarias.
Además, todos los grupos parlamentarios quieren que Rajoy apruebe “para los supuestos de buena fe en que la vivienda hipotecada constituya el hogra familiar, medidas suficientes para paralizar los desahucios, como es el establecimiento de una moratoria en el pago de las cuotas de amortización”.
Asimismo, y a propuesta del PP aceptada por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, se insta al Gobierno central a que “incluya el derecho a poder contratar por los ciudadanos que así lo deseen, préstamos en los que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados en el que la totalidad de la deuda quede liquidada con la entrega a la entidad financiera del inmueble”.
“Estaremos muy atentos a lo que hace don Mariano [Rajoy] hará cuando llegue este acuerdo del Parlamento y adopte las decisiones”, dijo el socialista Manuel Fajardo.
Aunque el nacionalista José Miguel González apoyó la propuesta, alertó del peligro de que “la dación en pago se generalice”, puesto que “el infierno está lleno de buenas intenciones” y las entidades financieras podrán incrementar las condiciones para suscribirlas “y dejar fuera del mercado a las personas que menos tienen”.
Rodríguez recordó que fue la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el Gobierno que presidió José María Aznar, el que provocó la burbuja inmobiliaria y el sobreendeudamiento de las familias para adquirir una vivienda digna, motivo por el que la crisis está dejando a miles de familias en la calle, sin empleo, y sin hogar.
“Estamos ante un riesgo de exclusión social preocupante, pues con motivo de la deuda viva y el embargo de sus bienes hay muchas familias que se encuentran en esa situación, por lo que hay que evitar los desahucios masivos de aquellos que por, pérdida de empleo, pierden su vivienda habitual”, recordó Rodríguez, que también agradeció la unanimidad ante “un asunto complejo pero enormemente grave”.
La conservadora Milagros Bethencourt, que defendió las enmiendas admitidas para “enriquecer el texto inicial”, recordó que la dación en pago y la paralización de los desahucios “es una de las demandas sociales más reivindicadas en los últimos tiempos”.
Además, todos los grupos parlamentarios quieren que Rajoy apruebe “para los supuestos de buena fe en que la vivienda hipotecada constituya el hogra familiar, medidas suficientes para paralizar los desahucios, como es el establecimiento de una moratoria en el pago de las cuotas de amortización”.
Asimismo, y a propuesta del PP aceptada por el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, se insta al Gobierno central a que “incluya el derecho a poder contratar por los ciudadanos que así lo deseen, préstamos en los que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados en el que la totalidad de la deuda quede liquidada con la entrega a la entidad financiera del inmueble”.
“Estaremos muy atentos a lo que hace don Mariano [Rajoy] hará cuando llegue este acuerdo del Parlamento y adopte las decisiones”, dijo el socialista Manuel Fajardo.
Aunque el nacionalista José Miguel González apoyó la propuesta, alertó del peligro de que “la dación en pago se generalice”, puesto que “el infierno está lleno de buenas intenciones” y las entidades financieras podrán incrementar las condiciones para suscribirlas “y dejar fuera del mercado a las personas que menos tienen”.
Rodríguez recordó que fue la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el Gobierno que presidió José María Aznar, el que provocó la burbuja inmobiliaria y el sobreendeudamiento de las familias para adquirir una vivienda digna, motivo por el que la crisis está dejando a miles de familias en la calle, sin empleo, y sin hogar.
“Estamos ante un riesgo de exclusión social preocupante, pues con motivo de la deuda viva y el embargo de sus bienes hay muchas familias que se encuentran en esa situación, por lo que hay que evitar los desahucios masivos de aquellos que por, pérdida de empleo, pierden su vivienda habitual”, recordó Rodríguez, que también agradeció la unanimidad ante “un asunto complejo pero enormemente grave”.
La conservadora Milagros Bethencourt, que defendió las enmiendas admitidas para “enriquecer el texto inicial”, recordó que la dación en pago y la paralización de los desahucios “es una de las demandas sociales más reivindicadas en los últimos tiempos”.
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