La Constitución conculcada

La carta Magna vigente se instauraba con la finalidad expresa de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien (…)”, y en uso de su soberanía -que aseguraba residir en el pueblo-, proclamaba su voluntad de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”; “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”; “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos (…)”; “promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”; y “establecer una sociedad democrática avanzada (…)”.

Para asegurarse el cumplimiento de estos humanitarios fines, la nación se constituía “en un Estado social y democrático de Derecho” en el que se consideraba “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad (…) subordinada al interés general”; se reconocía “la iniciativa pública en la actividad económica”, pudiéndose “reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”, pues se podía “planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”.

También se mandaba establecer “los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” y los derechos a la propiedad privada y a la herencia tenían delimitados sus contenidos a la función social que cumplieran, pues eran objetivos primordiales de los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Vista la evolución institucional y social de las últimas décadas en nuestro país y la situación de indefensión y empobrecimiento de la mayoría de la ciudadanía en estos últimos años se puede afirmar que, tras unos inicios esperanzadores, la Constitución ha venido siendo maniatada por las élites de los poderes económicos, políticos, administrativos y mediáticos para evitar su desarrollo previsto y su correcta aplicación. Para ello, se han debido incumplir, minusvalorar y quebrantar, impunemente, muchas de sus leyes, obligaciones, garantías y principios. Y el indignante resultado, a la vista está.

Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional, nos recuerda en su estudio “Los derechos sociales en el constitucionalismo democrático”, que el derecho y el constitucionalismo no son meras declaraciones retóricas, pues pueden llegar a “constituir un instrumento eficaz para contener el deterioro del tejido social y la proliferación de aparatos coactivos privados, mafiosos (…y) para imponer controles sobre los poderes públicos y privados, garantizando de ese modo una serie de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.”. Eso, siempre que las organizaciones políticas y las personas elegidas para representar a la ciudadanía en el poder político “(…) guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado”.

Como no es el caso, somos el pueblo soberano la única defensa para salvaguardar nuestra Democracia y nuestra Constitución del autoritarismo, la arbitrariedad y la corrupción imperantes en España. Y unidos, somos la más apropiada y poderosa fuerza ante los que, dentro y fuera, usurpan nuestras instituciones de legítimo autogobierno. Recordemos en estas señaladas fechas que es la ciudadanía quién sostiene a la Democracia, no los poderosos, que la desprecian profundamente.

_{Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
http://bienvenidosapantopia.blogspot.com.}