Golpe de Estado financiero

Con la complicidad de los gobiernos, los bancos reguladores y los sistemas de vigilancia económica, los mercados financieros han ido tomando el control de los estados y por tanto sometiendo a la democracia a una situación de vacío y descrédito que pone en cuestión y riesgo su esencia y abre paso a tiranías y totalitarismos peligrosísimos.

Frente a la afirmación de Sarkozy de que habría que refundar el capitalismo, este ha cogido el toro por los cuernos y se ha propuesto refundar una democracia de mínimos tutelada por “los banqueros”, que tienen una avaricia sin fondo. Pero  si bien en EEUU Barack Obama ha plantado cara al sistema en algunas ocasiones presentando demandas contra los bancos, reconociendo que se está más ante una crisis política que financiera, gravando a los ricos en los últimos días o aumentando la inversión pública frente a la imposición del recorte del déficit, lo cierto es que en Europa el entreguismo es total y humillante.

No contenta con haber empleado hasta ahora 1,35 billones de euros para salvar a la banca –nada más y nada menos que el 11% de su PIB- y después de que el Banco Mundial afirmara que la UE pone en peligro la economía mundial y de que los cinco grandes bancos centrales del mundo  y el FMI decidieran que la banca europea necesitaba apoyos para evitar su asfixia, Europa ha decidido en estos días inyectar más dinero a sus bancos para afrontar la crisis.  Mientras, se nos pide a todos que nos apretemos el cinturón. Mientras, los recortes sociales son brutales y se debilita lo público hasta límites insospechados.  Al tiempo que se señala a los ciudadanos e instituciones públicas como derrochadores sin límites –ya está bien de sanidad y de educación gratuita y universal, ya está bien de servicios sociales potentes y de infraestructuras públicas eficaces que garanticen el bienestar, la igualdad y la calidad de vida- el sistema bancario no tiene ningún pudor en retirar los créditos a las pymes y a las familias (de Canarias acaban de  llevarse 3.522 millones que estaban destinados a financiar préstamos). Y menos en mostrarnos cómo los mayores banqueros del mundo se han subido el sueldo en un 36% y cómo las retribuciones de sus directivos rondan los  10,1 millones de euros al año cada uno, más  sus pluses correspondientes, que, desvergonzadamente, se han asignado los tres dirigentes más importantes de Bankia. Sí, ese mismo banco  que preside Rodrigo Rato y que se creó a expensas  de  nuestra caja y otras, porque no tenían sentido sus existencias derrochadoras controladas por cargos públicos.

Sin embargo la cosa no queda ahí. El acoso a un país tras otro es el pan nuestro de cada día. Irlanda, Portugal, España, Italia, Francia, Inglaterra, Rumanía, Grecia (le acaban de pedir el despido de 20.000 funcionarios, cierre de empresas públicas…) son los primeros en probar sus mieles y en ponerse de rodillas, mandando mensajitos continuos a los amos en forma de recortes de derechos y reducción de los servicios públicos. Un día sí y otro también  se suceden las presiones sin medida a cargo de tres empresas privadas calificadoras de riesgos (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) que conforman un oligopolio que auspicia con sus informes el movimiento continuo de los especuladores; que ataca directamente a la línea de flotación de la credibilidad y estabilidad de las economías y que mantiene una estrecha vinculación con fondos de inversión opacos que se benefician de sus predicciones. Para colmo, en un paso más para decidir sobre la política y los estados, en estos días se han atrevido incluso a calificar y cuestionar  la legitimidad del Gobierno italiano que, aunque está presidido por un impresentable de tomo y lomo, ha sido elegido democráticamente por sus ciudadanos. Y otra vez Europa tragando y callando sin atreverse a crear su propia agencia de calificación.

Aquella globalización que nos iba a llevar al paraíso nos ha impuesto de sopetón un neoliberalismo –aquí lo hemos grabado hasta en la Constitución- que cuestiona y ata de manos a la democracia, a las democracias del mundo. Hemos pasado de ser  ciudadanos con derechos a deudores. Todo se programa y se legisla para contentar a nuestros acreedores. Pasamos de democracia a deutocracia como afirmaban recientemente  los juristas Gerardo Pisarello y Jaume Asens en Público. Se hace una llamada a la austeridad a los que menos tienen y se ha legitimado el empobrecimiento de la sociedad para beneficiar a los grandes poderes económicos. Se ha permitido que se destruya la idea de sociedad (Alain Touraine), que se siembre el miedo y la incertidumbre. El Estado ha hecho dejación de sus obligaciones de controlar y regular al sistema financiero y por tanto también de su defensa de la democracia. Ha propiciado el rechazo y el desprecio a la política y a los políticos.

Fernando Vallespín citaba hace unos días en El País a Charles Moore, conservador británico y biógrafo de Margaret Thatcher, quien afirmaba en un artículo que titulaba “Estoy empezando a pensar que la izquierda en realidad tiene razón”, que “la política democrática, dirigida al progreso de la mayoría, está realmente a merced de esos banqueros, barones mediáticos y otros magnates que dirigen y poseen todos".

Se ha consentido la creación de un monstruo al que ahora no se puede controlar. Michael Hudson lo define como un golpe de Estado financiero contra el Estado Democrático y Social de Derecho en Europa. Ahora más que nunca se necesitan instituciones fuertes, políticos fuertes y sensatos y ciudadanos organizados e implicados. Es la falta de autoridad y de firmeza, la falta de medidas ejemplarizantes, lo que ha permitido abrir esta veda a la especulación y al gobierno de los inversores, a que los mercados contemplen a los gobernantes como sus servidores. Se está atentando directamente contra los derechos humanos y los derechos sociales. Se ha frustrado la confianza ciudadana y el prestigio y la credibilidad de la política. Y  esto no se combate sino con más democracia y con el reforzamiento de las instituciones públicas que debe comprender, entre otras cosas, la creación de una banca pública.

                                                                                  _{Antonio Morales Méndez, alcalde de Agüimes}