El desalojo de los vendedores ambulantes del Faro2 es otra de esas acciones esperadas con el cambio de gobierno y que ponen de manifiesto las supuestas irregularidades permitidas durante años. Mientras las denuncias de los empresarios que pagan sus tasas, impuestos y otros costes sociales se dirigían al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, las evasivas entre la Alcaldía, el departamento de Disciplina Urbanística y el de Mercados batió tiempo récord. El nuevo gobierno ha cortado de una situación tan inverosímil como el alquiler de unos aparcamientos públicos por parte del propio centro comercial a un tercero, que a su vez, alquilaba las plazas de aparcamiento para desarrollar la actividad sin ningún tipo de permiso y repercusión económica alguna para las arcas públicas. Lo paradójico es que el centro comercial lo dirige el mismísimo hijo de la ex alcaldesa, como hemos anunciado en los últimos años. El pasado domingo, el concejal Ignacio Casteleiro intervino en el rastro ilegal, no sin antes aconsejar a los afectados sobre los trámites necesarios para legalizar su situación.








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