Archivan la querella por prevaricación contra los ex alcaldes imputados

La juez del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de San Bartolomé de Tirajana, Carla Vallejo Torres, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la querella contra los ex alcaldes, José Juan Santana Quintana y Concepción Narváez, así como el actual alcalde, Marco Aurelio Pérez, imputados en un presunto delito de prevaricación administrativa. A la querella presentada el pasado mes de mayo de 2007 por Asunción Pérez Viera y Rosario Artiles Viera, también contra Juan Viera Pestana, se sumó, además, la denuncia del Ministerio Fiscal. La acusación resaltó la ausencia de proyectos urbanísticos de las correspondientes juntas de compensación y la concesión de licencia urbanística, donde se encontraba suspendida esa competencia municipal. La resolución judicial, con fecha del pasado 10 de junio y notificada ayer lunes, considera que no existen indicios suficientes de haberse cometido un hecho delictivo, una vez estudiada la abundante documentación de las múltiples diligencias llevadas a cabo en la fase de instrucción. En este sentido, no se han apreciado indicios racionales de delitos por parte de los que fueron sucesivos alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, ya que la realización de tipo penal requeriría que hubieran actuado a sabiendas de que no estaban adquiriendo fincas de quienes eran sus legítimos propietarios y, a pesar de ello, llevaran a cabo los actos necesarios para adquirir el dominio. Convenio El acuerdo consistía en concentrar en la zona denominada Polígono T6 de El Tablero, el suelo de cesión obligatoria que deberían transmitir los afectados al Ayuntamiento como consecuencia de los proyectos de urbanización de los sectores T1 y T5. Sin embargo, con posterioridad, las parcelas C y D de ese suelo fueron cedidas a la Dirección General de Vivienda y los querellantes consideraron que no se respetó la exigencias legales, excluyendo, además, parte de los propietarios de la superficie cedida, razón por la que la Corporación no ha podido escriturar parte de los terrenos. Por este motivo, la querella explica que el Ayuntamiento permitió durante el mandato de Santana la construcción de viviendas de protección oficial en un terreno particular sin la autorización de la familia Viera Pestana. Los terrenos se encontraban en litigio entre la propia familia, ya que varios de sus miembros denunciaron a otro, Juan Viera Pestana, que en representación de los herederos vendió los terrenos sin su consentimiento. El archivo de las actuaciones es susceptible de un recurso de reforma en el plazo de tres días, o apelación en el referido juzgado en el plazo de cinco.