La plaza vacante de Juez de Paz cuenta con doce candidatos de diversos estudios

Una docena de personas con diversos estudios y titulaciones aspiran a cubrir la plaza vacante de Juez de Paz titular en el juzgado de Santa Lucía, tras la convocatoria realizada por el Ayuntamiento a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Al cierre del plazo fijado por la convocatoria se han contabilizado doce aspirantes, hombres y mujeres de variada formación académica, entre los que se encuentra el propio juez sustituto actual, el licenciado en derecho José Juan Cabrera, junto a otras once personas que han realizado estudios administrativos, de derecho, relaciones laborales, ingeniería, criminología, farmacia o administración de empresas, entre otros. Fuentes municipales han explicado la “notable concurrencia, así como la variedad de los estudios realizados por los aspirantes, por la situación económica que padecemos actualmente, que obliga a los profesionales, jóvenes sobre todo, a intentar adquirir experiencia y abrirse camino en el mercado laboral, aunque sea a través de un cargo de escasa remuneración como este”. El proceso para cubrir la vacante de Juez de Paz de Santa Lucía se inició hace aproximadamente dos meses con la renuncia de la anterior titular. A partir de ahora es el pleno de la nueva Corporación el que podrá decidir una terna, de acuerdo a los currículos y méritos de los aspirantes, para elevar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que será el que designe definitivamente a la persona para este cargo. Partido Judicial Hace ya siete años que la ciudad de Santa Lucía fue declarada cabecera del Partido Judicial número 8 de la provincia de Las Palmas, que reclamaba desde 1972, y todavía no se ha puesto una sola piedra en el solar cedido por el Ayuntamiento para la construcción de los juzgados. Los servicios de la Administración de Justicia para una población de 66.000 habitantes son atendidos por un sobresaturado Juzgado de Paz, en sus competencias, y por los juzgados del vecino municipio de San Bartolomé, lo que ha motivado un buen número de quejas y demandas al Gobierno de Canarias por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía, incluso ante el Diputado del Común.