En estos días posteriores a las elecciones locales, se vuelve a abrir la Caja de Pandora en cuyo interior hay una mezcla de descontento popular y desconfianza generalizada hacia muchos de los políticos, partidos y gobiernos que han sido desautorizados por una buena parte del voto popular, bien votando a otros distintos de los que gobernaban o también, en número nada despreciable y creciente, de personas que han votado en blanco o nulo.
Además de todo eso, también se ha sumado al malestar, no es muy seguro de si ha sido por casualidad, la protesta del grupo de “indignados”, pequeño en número pero mediaticamente muy ruidoso, que aún están acampados en plazas y jardines públicos bajo la mirada indiferente, cuando no cómplice, de las Delegaciones del Gobierno que, según las autoridades competentes, deberían de haber disuelto ya esos molestos e insalubres camping urbanos, aunque sólo fuera por las mismas razones que alegarían para no tolerar acampar en la Playa de Las Canteras, por ejemplo. No se trata de acallar la protesta política, unas veces sensata y otras disparatada pero siempre en democrática libertad de expresión, sino de la forma en que se realiza, contraria al más elemental sentido de la convivencia urbana y del respeto a los demás. ¿No prometieron esas autoridades cumplir y hacer cumplir las leyes de España? ¿Han vuelto a aquello de que estaremos con la legalidad cuando ésta nos convenga y en su contra cuando no nos favorezca, como decía Pablo Iglesias en las Cortes?
Friedrich Hayek en su obra Democracia, justicia y socialismo (Unión Editorial 1978), venía a decir que “cada día parece haber más gentes descontentas no tanto con la democracia sino con las disparatadas exigencias que hoy en día se hacen en su nombre”. Y prosigue su reflexión afirmando que “no es la primitiva concepción de este método de toma de decisiones políticas lo que hoy produce desconfianza, sino ciertas indeseadas adherencias que la han distorsionado profundamente”.
Ante la convulsa situación actual, las llamadas fuerzas políticas parlamentarias se reparten, al menos, entre tres posturas básicas. La primera consiste en confiar en que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, ni siquiera el socialismo de puño en alto amenazante a la espera de “la lucha final”, y que los problemas los resolverá el tiempo sin necesidad de adelantar las elecciones. Optimismo patológico, mesianismo o iluminación creen algunos que es esta actitud. Las otras dos opciones se debaten entre decantarse por la cuestión de confianza o por la moción de censura al gobierno actual de España.
He de reconocer que me alineo, sin grandes dudas, por la postura de que el Presidente del Gobierno presente la llamada cuestión de confianza. Es evidente que el partido socialista ha perdido hoy en día credibilidad y apoyo entre los ciudadanos. Sin discusión se lo han manifestado en las urnas, bien es cierto que ha sido en elecciones locales, no generales y que caben matices. Los aludidos lanzan el guante a la oposición, así lo ha manifestado el portavoz parlamentario Sr. Alonso, diciendo que si el PP tiene valor que presente una moción de censura. La cosa parece plantearse en términos de coraje, de dos gallos desplumados en el mismo corral, cuando se trata de una cuestión de otra naturaleza que encierra distintas formas de entender la representación parlamentaria y sus límites éticos, más que legales, que estos tienen poca importancia porque los fijan los propios interesados.
La confianza en un gobierno concreto, en sentido general y no en el constitucional, la otorga o la quita el ciudadano en función de sus propios criterios y sentimientos, no siempre razonables por cierto. Y lo hace sin que por ello tenga que ofrecérsela alternativamente a otro político de la oposición. Podría otorgársela a otra persona del mismo partido o coalición. Pero cuando se habla de la “confianza” que establece la Constitución, la “cuestión” la llaman para disfrazarla, el cuerpo electoral no puede decir nada, son los propios parlamentarios los que la deciden por mayoría simple, siguiendo su lógica de partido, su disciplina o su sectarismo. Se produce la paradójica y difícilmente explicable situación, utilizando el sentido común y no un código legal, de que los mismos que están puestos en cuestión se auto otorguen la confianza a sí mismos. O dicho de forma popular, los que gobiernan en mayoría siguen encantados de haberse conocido y, añadiría el poeta, a tí (pueblo soberano) te encontré en la calle.
La otra fórmula es la moción de censura, que según el art. 113-2 de la Constitución, deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Esta forma de censura constructiva limita mucho las decisiones auténticamente democráticas, en el sentido más puro, ya que liga la posibilidad de reprobación a la aritmética parlamentaria y no a la voluntad popular, expresada por todos y no sólo por los Diputados. Por otro lado podría darse el caso, y a mi entender es el fondo del asunto, que esté en el ánimo de los Diputados censurar a un gobierno pero no aceptar al candidato que la propone. En concreto, rechazar a Zapatero no tiene que implicar forzosamente aceptar a Rajoy. Eso debería someterse a la expresión de la soberanía popular convocando elecciones anticipadas y no a dejarlo al arbitrio de los poderes ocultos que moran en los partidos políticos, no siempre actuando con luz y taquígrafos. Una vez más, algunos quieren volver a secuestrar y violar la voluntad popular, y lo peor es que probablemente lo harán impunemente.








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