José Juan Santana asegura que el Ayuntamiento seguirá explotando las hamacas

MASPALOMAS AHORA.- El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana podrá seguir explotando los servicios de temporada, que incluyen el alquiler de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. Así lo aseguró José Juan Santana, concejal delegado de las áreas de Urbanismo, Disciplina Urbanística y Contratación, tras mantener una reunión mantenida en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid el pasado martes. El motivo de la visita fue valorar la posición de la Dirección General respecto de la pretensión de la familia Castillo de solicitar la autorización para el año 2007 del permiso para explotar los servicios de temporada en las playas del Inglés y de Maspalomas. Además, se quería hacer ver a aquella administración el grave quebranto que para las arcas municipales supondría acceder a la petición formulada por los Castillo en detrimento de la presentada, como en años anteriores por el Ayuntamiento. Previa a la entrevista en Costas, el edil de Nueva Canarias mantuvo una reunión con un catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de recabar su asesoramiento y valoración sobre la posición municipal. De la misma se concluyó que “el Ayuntamiento no tiene nada que temer respecto de la pretensión de los Castillo toda vez que, tanto en años anteriores cuando el Ayuntamiento solicitaba la autorización en la zona delimitada como marítimo-terrestre, como ahora que, por imperativo del cambio climático y la subida del nivel del mar, tienen que solicitarlas en la zona de delimitación de área de playas, el derecho preferente le corresponde al Ayuntamiento al ser todo este área territorio sujeto al dominio público”. A la entrevista con el Director General De Costas, José Fernández, a la que también acudió el Subdirector General de Dominio Marítimo, asistieron, como representación municipal, José Juan Santana, la técnico del Ayuntamiento Nivaria Trujillo Morales y el colaborador municipal Francisco González González-Jaraba, así como la Diputada del PSOE y vecina del municipio, Pilar Grande. Durante la reunión se recordó que en el 1985 la Dirección General de Costas efectuó el deslinde marítimo terrestre de las playas de Maspalomas y el Inglés; que excepcionalmente, también se efectuó la delimitación del área de playas previsto en la Ley de Costas de 1968, hecho poco frecuente pero en este caso providencial para los intereses municipales; que ambos deslindes fueros aprobados por Decreto del Ministerio, y fueron impugnados por la familia Castillo, deviniendo en definitivos como consecuencia de los fallos judiciales que refrendaron la delimitación efectuada por la Administración del Estado contra la pretensión de los miembros del Condado. En consecuencia, todo el territorio que se halla comprendido entre la línea de deslinde de playas y el mar es de dominio público, y por ello, el Estado podrá conceder el derecho preferente de explotación de los servicios de temporada al Ayuntamiento si así lo solicita, tal y como ha venido haciendo todos estos años. Santana explicó que si como consecuencia del aumento del nivel del mar, el Ayuntamiento tiene que mover la ubicación de las hamacas colocándolas fuera del deslinde marítimo terrestre (el de los primeros 50 metros desde el agua) y las mismas se ubicaran dentro del deslinde la zona de playa (la línea más alejada del agua pero igualmente delimitadora del dominio público), ello no supondría riesgo alguno para el ejercicio de la autorización que disfruta el Ayuntamiento. “Situada en estos términos”, explicó el Teniente de Alcalde, “la pretensión de la familia Castillo parece carecer de fundamento, y consecuentemente, no podrá ser tenida en cuenta por el Estado si la fundamenta en el hecho de que le asiste un derecho preferente de explotación por la expropiación de los terrenos con motivo del apeo de 1.995”. Finalmente, durante la reunión se instó al Ayuntamiento a que reitere la petición para que las autorizaciones de los servicios en palay se soliciten para plazo de cincos años en la seguridad de que la Dirección General de Costas la aceptará, si se cumplen los requisitos que establece la Ley.