La Ley de Costas podría afectar en Canarias a más de 160.000 personas

La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, ha asegurado este martes en Tenerife que la actual Ley de Costas, podría afectar en Canarias podría a más de 160.000 personas y señaló que  a raíz de los desalojos del poblado tinerfeño de Cho Vito,  “nos mostró que la injusta Ley de Costas era una realidad”. Carmen del Amo, que ha estado invitada por el partido político CCN (Centro Canario Nacionalista) hizo estas manifestaciones en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el representante en Canarias de la AEPLC y secretario general de Acción Jurídica de CCN, el abogado José Luis Langa y el presidente en Canarias de CCN, Ignacio González Santiago. La presidenta de la AEPLC aseguró que lo que está ocurriendo en España, en general, y en Canarias, en particular, respecto a la aplicación de la Ley de Costas de forma indiscriminada “tiene a los eurodiputados que no se lo pueden creer” pues “aquí se está inculcando el derecho a la propiedad privada sin más ni más”. Del Amo indicó que esta ley, existente desde 1998, se convirtió en el caballo de batalla de la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien “utilizó Cho Vito como una amenaza para el resto de España”. También indicó que con lo que no contaba la exministra es que esta circunstancia se iba a volver en su contra e iba a surgir un movimiento de apoyo en toda España. Así mismo, achacó tanto a la política del PP, en su momento, como al actual gobierno del PSOE de no hacer nada por cambiar la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Al primero lo tachó de mentiroso pues aseguró que “dicen que han presentado una modificación de la ley pero no explican qué” y del segundo, dijo, “no quieren ni hablar del tema”. Del Amo explicó que “el único partido político que ha estado con nosotros ha sido CCN”, aunque matizó que si la Ley de Costas se quisiera modificar en el Congreso se podría hacer, puesto que todos los partidos nacionalistas regionales apoyarían esta modificación. No en vano, indicó que en España más de 400.000 personas están afectadas potencialmente por la aplicación rigurosa de la Ley de Costas, de las cuales más de 160.000 son canarios, “puesto que es, junto con Valencia, la región más afectada”. En esta línea se manifestó el abogado José Luis Langa, quien se mostró verdaderamente indignado porque tanto el PP como el PSOE no han hecho nada por proteger el derecho a la propiedad privada que tienen todos los ciudadanos y añadió que “me siento orgulloso de pertenecer a un partido (CCN) que es el primero y hasta hace poco el único que defendía estos derechos”. Por su parte, el dirigente de CCN, Ignacio González, añadió que desde el partido que él dirige se va a pedir que Canarias obtenga las competencias sobre costas, “pues no podemos permitir que nuestra vida se haga y se deshaga desde un despacho de Madrid que no saben ni dónde están Cho Vito o Igueste de San Andrés”. González recordó que en la próxima legislatura se va a reformar el Estatuto autonómico, “momento propicio para pedir estas competencias”, añadió y también aseguró que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, hizo público recientemente su propósito de reclamar estas competencias. Finalmente, tanto del Amo, como Langa y González estuvieron de acuerdo en que la aplicación de la Ley de Costas tal como se está llevando a cabo, no es un problema de sólo unos pocos, sino que es un problema que atañe a todos los canarios pues inculca derechos básicos y acaba con la economía de un zona.