Román Rodríguez, candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y al Parlamento autonómico por Nueva Canarias (NC), asegura que la causa de la parálisis de proyectos e inversiones en el Archipiélago no está en las leyes de ordenación del territorio sino en la crisis económica y la falta de crédito.
Aunque se muestra a favor de la reducción y simplificación de estas leyes, el líder nacionalista sostiene que “en ningún caso” su formación apostará por eliminarlas porque el modelo de crecimiento en las Islas “tiene que estar sometido a planeamiento y control social”.
Rodríguez considera que “no se pueden simplificar” los análisis de los problemas que afectan a la economía canaria porque el riesgo es que se den soluciones equivocadas.
En este sentido alega que “no es cierto” que la Ley de Directrices del año 2003 sea responsable del freno a las inversiones y la parálisis de muchos proyectos. “El problema real está en la crisis, la ausencia de crédito, y el retroceso de ocho décimas de la economía canaria en 2010 frente a los amaneceres que ven algunos”.
Rodríguez apunta que durante los años de bonanza “se hicieron hoteles y pisos a mansalva” y sin embargo estaban vigentes estas leyes que además fueron aprobadas por unanimidad del Parlamento canario después de debatirlas durante tres años y ser consensuadas con la participación de más de ochenta colectivos.
Asimismo señala que de las 5.600 camas que permitía la moratoria y que fueron aprobadas en el último pleno del Parlamento en la legislatura de Adán Martín, “no se ha construido ninguna a pesar de tener todas las bendiciones legales”. En su opinión estos ejemplos son incontestables para demostrar que las normas que regulan la ordenación del territorio no son la causa de la parálisis económica.
Mayor agilidad
El candidato de Nueva Canarias asegura que los análisis que se han hecho de las leyes de ordenación del territorio del Archipiélago son positivos en el sentido de que han puesto en evidencia que son leyes “perfeccionables”. Así considera que sería necesario reducirlas y simplificar para “evitar duplicidades, acortar los tiempos administrativos y esquivar determinados trámites que no tienen sentido”.
Sin embargo, desecha la propuesta presentada por algunos sectores de abolir estas normas. “Nueva Canarias está en contra de la desregulación”, porque entiende que el modelo de crecimiento del Archipiélago debe estar sometido a planeamiento y control social.
Román Rodríguez recuerda que en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de 1999 cuando fue nombrado presidente del Gobierno autonómico, la elaboración de la Ley de Directrices era uno de sus compromisos. Esta ley vino a dar respuesta a un análisis del modelo de desarrollo canario que consideraron “insostenible”, especialmente en el sector del turismo, porque no tenía ningún sentido que se creciera por creer “sin preservar los recursos naturales y sin tener en cuenta que había que adaptar la oferta a la demanda para no pagar las consecuencias”.
Precisamente en un reciente congreso sobre turismo celebrado en Canarias se ha concluido que el problema estructural del sector en el Archipiélago es el exceso de oferta y lo obsoletas que están gran parte de las infraestructuras (hoteles, apartamentos y las propias ciudades turísticas). En este sentido Román Rodríguez, subraya que la Ley de Directrices de 2003 tenía como objetivos precisamente mejorar la calidad y el ritmo del crecimiento por un lado; y por otro rehabilitar las camas y las ciudades que por su envejecimiento habían perdido competitividad.
No obstante, estos objetivos fueron abandonados porque los gobiernos que sucedieron al de la V legislatura (1999-2003) “no desarrollaron las leyes”, asegura Rodríguez en referencia a que la Ley de Directrices fue guardada en un cajón no abordando debidamente las tareas destinadas a resolver estos problemas estructurales. “Ocho años después los expertos vuelven a resaltar que lo que establecía la Ley de Directrices, renovar y evitar el crecimiento indiscriminado de baja calidad, es lo que hay que hacer”.
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