La Fiscalía dice que Canarias tiene igual corrupción urbanística que otras zonas

El fiscal delegado de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas Molina, ha afirmadoque el número de casos de corrupción urbanística en las Islas Canarias no es mayor que el existente en otros territorios de la costa española. Ródenas que participó como ponente en las Terceras Jornadas de Derecho Urbanístico de Canarias, ha asegurado que si se analizasen las memorias en materia de corrupción urbanística de la Fiscalía General no habría unos supuestos mayores en las islas "si se comparan por ejemplo con la provincia de Málaga, Cádiz o la zona del levante español". A su juicio en la comunidad canaria no ha aflorado excesivamente la corrupción pero sí hay actuaciones por ejemplo en las islas de Lanzarote o Fuerteventura dónde se han puesto de manifiesto algunos comportamientos delictivos. El fiscal ha explicado que está trabajando en estos momentos en cinco casos en la isla de Fuerteventura que se encuentran en diferentes fases, algunos todavía están en proceso de investigación y otros pendientes de la incoación del escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal. Ródenas ha querido aclarar que estos comportamientos son "hechos aislados" que han venido motivados al otorgar licencias de construcción sin respetar los instrumentos de ordenación del territorio. Sobre estos instrumentos de ordenación en Canarias, el Magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández ha comentado que "existe una maraña administrativa que impide la seguridad jurídica a la hora de construir" pero no ha considerado que la cantidad de normas existentes faciliten la corrupción. Ha explicado que en Canarias hay muchos conflictos de legalidad porque ha habido mucho planeamiento urbanístico pero ha apuntado que esto "no quiere decir que todas las discusiones acerca de la legalidad urbanística sean supuestos de corrupción". En este sentido ha desechado la posibilidad de que el archipiélago siga la estela de otros territorios como Marbella en los que algunos de sus representantes municipales han sido juzgados y condenados por llevar a cabo actuaciones urbanísticas ilegales. El Magistrado ha considerado que casos como el de esta cuidad malagueña "no volverán a repetirse" y ha explicado que en este asunto fallaron todas las instituciones, tanto políticos como jueces o tribunales. Ha recordado que en aquellos momentos "parecía muy dura la suspensión de construcciones" ya que se consideraba como la "paralización de la actividad económica del territorio y del propio funcionamiento del Estado".