Discrepancias sindicales en AENA

“A perro flaco, todo son pulgas”, reza un viejo refrán español, y si la economía española va mal, los sindicatos de Aena convocan 22 días de huelga para Semana Santa, Puente de Mayo y vacaciones de verano. “Éramos pocos y parió la abuela”, piensan los miles de empresarios y, probablemente, los centenares de miles de trabajadores del sector hotelero, hostelero y de ocio que operan en el mundo turístico. Alarmados y preocupados ven como esos sindicatos se fuman los pocos brotes verdes que parecían renacer al amparo de desgracias ajenas, poniendo en grave peligro la supervivencia de empresas y puestos de trabajo. No se ocultan esos “carísimos” sindicatos CC.OO, UGT y USO en elegir cuidadosamente los días en que más daño y más caos pueden producir a los españoles y a los turistas, tomados a la fuerza como rehenes inocentes, por ser periodos de altísimo tráfico en nuestros aeropuertos. Y se califica aquí a esas organizaciones sindicales y sus piquetes informativos de carísimos en el doble sentido de la palabra: “queridos” para el gobierno socialista, el mismo de las 110 ocurrencias por hora, y “onerosísimos” para los esquilmados contribuyentes, que los mantienen económicamente porque su baja afiliación no les permite autofinanciarse, salvo en el honroso y fuera de lo común caso de USO. Si una nueva cesión o marcha atrás de la iniciativa gubernamental no se produce, probablemente se repetirán las patéticas imágenes de campos de refugiados en las salas de espera de los aeropuertos nacionales. Las televisiones volverán a ofrecer tragedias personales, sueños perdidos y vacaciones pasadas en los sillones de los aeropuertos. Si las medidas de privatización parcial fueran oportunas, necesarias y racionales, el gobierno difícilmente podrá rendirse preventivamente, como acostumbra en cuanto se le aprieta un poco, sin que se le tache, no sin razón, de ser un botarate, que en España y según el DRAE significa ser persona atolondrada y poco sensata y en América, individuo derrochador, que gasta en exceso, lo que no deja de ser cierto y oportuno en esta ocasión, dicho sea de paso. Aquellos mismos argumentos que usaron Blanco, Zapatero y Alonso para decretar el estado de excepción y la militarización de los controladores aéreos, obligados por la imperiosa necesidad de defender el bien común y que no se tomen a víctimas inocentes como rehenes, sería lógico pensar que seguirán siendo válidos para adoptar preventivamente estas mismas medidas ante esta nueva amenaza sindical. El caos será, como mínimo, similar y probablemente mucho mayor que en el precedente anterior por estar implicados más servicios y más personal de AENA. Pero que la igualdad de daños a tercero la produzcan los controladores, cosa que por otro lado fue completamente falsa como se está demostrando en los tribunales, o que esos perjuicios los ocasionesn esos sindicatos a los que Zapatero pidió cariño, a tanto el arrumaco, sea lógica no significa que ese sea el “sentir” ministerial. Con los controladores, decían de forma pomposa y solemne, había una huelga inadmisible e injusta, pero el desastre económico y social que producirán en esas fechas señaladas CC.OO, UGT y USO no será fruto de ninguna huelga reivindicativa, sino de puras “discrepancias administrativas” sindicales en AENA, curioso y peculiar circunloquio usado por el presidente de Andalucía para referirse a los fraudes detectados en un importante número de ERE aprobados y pagados por la Junta. Al pueblo llano le es muy difícil anteponer ese calificativo tan de moda al hablar de los políticos como es el de “presunto”, palabra más propia del mundo judicial antes de que se les pida a los magistrados que dictaminen si tal o cual cosa es verdad, cuando a ellos, lo más que se les puede exigir, es que fallen conforme a derecho, no necesariamente en Justicia. El pánico al pretendido poder sindical, que junto con la partitocracia han sustituido a los tres clásicos de Montesquieu como eran antiguamente el legislativo, el ejecutivo, el judicial, ha hecho que en España no exista una Ley de Huelga que regule la forma de que los trabajadores puedan ejercer esa medida de presión sin perjudicar el derecho inalienable de los ciudadanos a no ver su vida alterada y sentirse rehenes de personas con intereses ajenos, cuando no contrarios a los suyos propios. Claro que ese derecho de las personas ajenas al conflicto a que las dejen en paz es muy teórico, porque se pisotea impunemente en cada huelga de los servicios públicos sin que la autoridad gubernativa actúe en su defensa democrática. Hasta ahora ningún partido político en el poder ha osado cumplir ese mandato constitucional, ¿alguno incluirá este asunto en su programa electoral? Lo dudo, y si lo hacen será para después no cumplirlo, como sugería Tierno Galván, la víbora con cataratas, como le llamó inmisericorde, creo recordar, el político socialista sevillano Alfonso Guerra González.

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