Una veintena de jueces de la escuela judicial cubrirán plazas de Canarias

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Dívar Blanco, explicó que los nuevos jueces, entre los que figuran entre seis o siete canarios, se harán cargo con carácter temporal de estos puestos y después en propiedad, tras reunirse primero con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, y el fiscal jefe en el archipiélago, Vicente Garrido, y posteriormente con la Sala de Gobierno del TSJC. Además, dijo que la comisión mixta creada entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia para abordar la cobertura de las plazas vacantes tratará también el refuerzo de estas plazas con jueces en propiedad o de manera interina. Aseguró que en el presente año se crearán los juzgados anunciados para las islas. En cuanto a la prórroga concedida por tres meses al juez César Romero Pamparacuatro para que continúe con la instrucción del "caso Unión", que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Lanzarote, indicó que, una vez que concluya, ya se considerará si se amplía, pues dijo que "no hay soluciones definitivas y absolutas". Dívar, en relación al archivo de la denuncia presentada por el PP contra la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de la capital grancanaria Victoria Rosell para que se investigara si redactó una querella contra el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, por el "caso Salmón", dijo que se debe acatar esta resolución y recordó que puede ser recurrida. No obstante, declinó valorar si se ha producido una campaña por parte de un partido político o institución contra la magistrada, porque recordó que al CGPJ y a la comisión disciplinaria solo le corresponde estudiar si ha habido alguna falta de disciplinaria o del reglamento, que, en este caso, no la habido por parte de la magistrada. En cuanto al sistema informático Atlante que se utiliza en la Administración de Justicia de Canarias, dijo que no es "malo", y recordó que fue propuesto por la Comunidad Autónoma y homologado por el CGPJ, y que si con el tiempo se advierten fallos se tratarán de arreglar, pero señaló que "no hay razón para creer que deba ser desechado". Por otra parte, Dívar se mostró "convencido" de que el proceso sobre la ilegalización o no de Sortu por su supuesta vinculación a Batasuna se resolverá antes de las próximas elecciones autonómicas y locales. Dívar se mostró convencido de que esa resolución estará antes de las elecciones, una vez que se presenten las impugnaciones anunciadas por la Abogacía y la Fiscalía del Estado, así como las alegaciones que Sortu presente al respecto. Recordó que es la segunda ocasión en la que se presenta ante el Supremo un procedimiento sobre la inscripción de un partido en el registro del Ministerio del Interior y aclaró que para la resolución de estos asuntos no existen plazos prefijados, como sí ocurre con otras cuestiones, como los recursos electorales. • Vídeo: